Las obras del nuevo edificio de Santa Adela no estarán finalizadas hasta el mes de abril. Así lo aseguró esta semana un técnico en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Según su relato la empresa adjudicataria no da a basto para agilizar la construcción del edificio que debería estar listo a finales de este mes.

En este sentido, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez ha recordado que Dragados y Construcciones obtuvo la obra de Santa Adela porque en el concurso, entre otras cosas, ofreció plazos más cortos. “Ahora se deben aplicar las penalizaciones por retraso, un retraso excusado con motivos previsibles”. Esta medida, sin embargo "no compensan los vecinos que llevan muchos años esperando la rehabilitación de sus casas. Hay que tomar nota para el futuro” ha agregado la edil de Vamos Granada.

Durante la licitación uno de las empresas que optó al concurso, adjudicado en aquel momento de manera provisional a Dragados, presentó alegaciones provocando un parón hasta la resolución. Pero además, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) y algunos licitadores expresaron en aquel momento sus quejas ante algunos aspectos de la contratación como el hecho de que el informe en el que se fundamentaba la aceptación de la oferta “no contaba con la ratificación de un arquitecto municipal o ingeniero de la edificación, que sería el competente para verificar un proyecto de edificación de estas dimensiones”.

La ACP alertó de que la oferta conllevaba una “baja desproporcionada” según los términos marcados por los pliegos que regían el procedimiento, que presupuestaban los trabajos en 9,8 millones de euros. “Esto supone que la empresa va a realizar la obra a un precio menor al considerado como factible”, indicaron los constructores, que apuntaron que esta situación supone un nuevo retraso para que los vecinos de Santa Adela vean culminado su proyecto y hace crecer la “incertidumbre” ante las “posibilidades reales” de que ejecutan sus viviendas.

La ACP mostró así su desacuerdo con la adjudicación de obras a ofertas desproporcionadamente bajas, algo provocado por "la escasa licitación de obras y que genera destrucción de tejido empresarial, precariedad y retraso de las obras debido a la imposibilidad de las empresas para cumplir con las obligaciones de su contrato”. “La empresa seleccionada fue la primera “en temeridad”, manifestó la ACP. Un hecho que limita las posibilidad es de que la ejecución responda al proyecto, al cumplimiento de las condiciones de seguridad y al plazo”. Por ello, los constructores pidieron que se limiten las bajas en los pliegos.

El Ayuntamiento de Granada aclaró en una mesa todas las dudas y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, aseguró tras la denuncia de la ACP que ningún concejal tomó parte de la decisión de la mesa de contratación, que se basó en criterios técnicos y jurídicos.