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La contaminación por nitratos deja sin agua a casi mil personas de dos núcleos de población en Granada, según un estudio de Ecologistas en Acción

Agua en un grifo, en una imagen de archivo.

Agua en un grifo, en una imagen de archivo. / R. G.

La contaminación por nitratos de fuentes agrarias y ganaderas ha dejado sin agua a más de 200.000 personas en 2022 a nivel nacional, casi 900 en dos núcleos de población en Granada, según se desprende de un informe que Ecologistas en Acción ha presentado este jueves con datos de contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y de consumo humano en todo el territorio español.

El estudio, elaborado a partir de cifras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) entre el periodo 2020-2022, revela que el 11% de las aguas superficiales estaban contaminadas por nitratos en 2022, en concentraciones superiores a la norma de calidad ambiental. Esta cifra aumenta al 37% en el caso de las aguas subterráneas, como precisa la organización.

Para establecer los valores de referencia, Ecologistas en Acción se ha basado en el Real Decreto 47/2022, de 18 enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por nitrato procedente de fuentes agrarias, cuyo límite de nitrato establecido para las aguas superficiales se establece en 25 miligramos por litro (mg/l) y puede alcanzar los 37,5 mg/l en las aguas subterráneas.

El informe añade que la contaminación ha llevado a que 171 municipios españoles responsables del suministro de agua potable detectaran, en alguna de sus redes de distribución, valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa, lo que afectó a 214.851 habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad. En el caso de Granada, se señalan la pedanía de Lojilla en Montefrío, con 45 vecinos, y Píñar, con 819 residentes.

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que, para Ecologistas en Acción, "el hecho de que se esté suministrando agua contaminada no apta para el consumo a más de 200.000 personas supone un claro retroceso en cuanto a calidad de vida, que está afectando especialmente a municipios de la denominada 'España vaciada'".

Por otro lado, estudios recientes concluyen que el valor límite máximo permitido por la legislación europea y española, de 50 mg de nitratos por litro de agua potable, "no es suficiente para proteger a la población, especialmente frente a enfermedades como el cáncer colorrectal".

CONTROLES "INSUFICIENTES"

Además, Ecologistas en Acción ha denunciado que los controles realizados por las administraciones "son insuficientes", como han demostrado los análisis realizados por los voluntarios de Ecologistas en Acción, "especialmente en los casos de fuentes públicas no tratadas y manantiales utilizados por la población".

Dada esta situación, la organización ecologista reclama que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios del Estado, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos. Asimismo, exige al Gobierno y a los partidos políticos que modifiquen el Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano para reducir el valor límite máximo permitido de nitratos.

Ecologistas en Acción ve "inadmisible" que en el agua potable se permitan 50 mg/l de nitratos, "conociéndose su implicación en el desarrollo de cánceres y siendo el límite permitido para los ecosistemas fluviales la mitad que el permitido para el agua de boca".

En cuanto a la contaminación ambiental, exige que se reduzca el uso de abonos nitrogenados, al menos el 20% que exige la 'Estrategia de la granja a la mesa' de la Unión Europea, y que se frene la expansión de la ganadería intensiva desde los ámbitos estatal y autonómicos, que impide la apertura de nuevas instalaciones. "Ambas actividades están produciendo daños ambientales muy importantes, en muchos casos irreversibles", ha apostillado.

Por último, la organización señala que los responsables económicos causantes de la contaminación (ganadería y agricultura intensivas) deben pagar los sobrecostes de la potabilización del agua, necesaria a consecuencia de sus acciones contra el medio ambiente.

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