Los cortes de luz en zona Norte, la situación de las personas sin hogar ante la ola de frío, la privatización del comedor del Colegio Gómez Moreno, la demora en casos judiciales de maltrato, el desacuerdo con los requisitos para optar bolsas de trabajo, los problemas de escolarización, el agravio ferroviarios en la provincia, la falta de plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida o los tiempos de espera en los hospitales y construcciones ilegales... Todos estos temas juntos parecen el resumen de un día cualquiera en un periódico cualquiera, pero en realidad son alguna de las 804 quejas que el Defensor del Pueblo andaluz gestionó el año pasado en Granada.

Jesús Maeztu, que ejerce como Defensor del Pueblo andaluz en funciones, entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el Informe Anual de 2018. Un documento que apunta que esta institución gestionó el pasado año 804 quejas en Granada, de las que 545 fueron nuevas y el resto tramitadas de años anteriores, y 693 consultas.

Las quejas relativas a temas del ámbito de la Educación son las más numerosas con 84, seguidas de las que tienen que ver con asuntos de menores (81) y las que implican a personal del sector público (68). A partir de ahí, las quejas se reparten entre cuestiones de Dependencia (58), Consumo (55), Salud (52), Medio Ambiente (52), Vivienda (51), Administración de Justicia (48), Urbanismo (36), Administraciones Tributarias (34), Cultura y Deportes (32), Servicios Sociales (30), Prisiones (29), Seguridad Social (19), Ordenación Económica y Gestión Administrativa (16), Tráfico y Transportes (11), Trabajo (11), Obras Públicas y Expropiaciones (9), Seguridad Ciudadana y Política Interior (9), Extranjería (6), Pendiente de Determinar (6), Agricultura (3), Tic y Medios de Comunicación (3) e Igualdad de Género (2).

Dentro de Granada, las quejas que tiene que ver con políticas sociales representan más de la mitad (51%), las referentes a políticas territoriales representan el 21%, las que atañen a administraciones públicas un 12%, las que engloban causas judiciales un 11% y las de servicios de consumo un 6%. En cuanto a las actuaciones según género la igualdad es absoluta: 50% de casos de mujeres y 50% de hombres.

Las quejas de Granada tienen un peso del 10% en toda Andalucía en relación a las 10.915 gestionadas por el Defensor el año pasado, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores.

En cuanto al balance de sus actuaciones, cumplidos los cinco años de vigencia del mandato, Jesús Maeztu mencionó ayer el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces y andaluzas.

"Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil... Ellos no se han recuperado", señaló.