¿Deberían los ayuntamientos apartar a los 23 policías locales de Granada presuntamente 'enchufados' en las oposiciones?

La causa investiga a 43 personas, de las que 20 son mandos de la Policía Local, funcionarios y un psicólogo, y el resto los favorecidos en los amaños

El "grupo criminal" en la Policía Local de Granada tenía que "aprobar sí o sí al niño del jefe" y otros familiares de los cargos

Imagen del registro de la UDEF en dependencias de la Policía Local de Granada en febrero
Imagen del registro de la UDEF en dependencias de la Policía Local de Granada en febrero / G. H.

La causa judicial que investiga los supuestos amaños en la oposiciones de Policía Local en los municipios de Granada capital (en 2019 y 2022), Albolote y Algarinejo destaca a un total de 23 agentes como beneficiados por la trama en los cuatro procesos que se investigan, y que habrían sido enchufados en los cuerpos. Estos actualmente ejercen sus funciones como policías de forma activa, y ahora la duda está en si deberían ser apartados de sus funciones mientras el Juzgado de Instrucción 4 de Granada continúa con las investigaciones.

Esta investigación, que ya se puede considerar macrocausa, suma de momento a 43 investigados por una decena de delitos imputados. De los 43, 20 son mandos de la Policía Local, entre los que destaca el anterior jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, así como subinspectores de la Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas; y los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, "muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes del orden", explican desde el TSJA.

La duda ahora está en si estos agentes deberían ser apartados mientras continúa la investigación. Pese a que están siendo investigados, por el momento el juzgado no ha iniciado ningún tipo de acción penal contra ellos, por lo que podrían seguir ejerciendo. El Ayuntamiento de Granada se agarra a esto para, de momento, no iniciar ninguna acción y mantenerlos en sus puestos. Los consistorios de Albolote y Algarinejo tampoco se han posicionado al respecto.

Este jueves, la alcaldesa, Marifrán Carazo, aseguraba que no tomarán ninguna decisión sobre si apartan o no a los agentes hasta que la jueza del caso dictamine qué hacer, en función de la evolución del mismo. "Una vez que está judicializado, tiene que ser porque así lo dicte el juzgado", decía a preguntas de los periodistas este jueves. La regidora reiteró que el Consistorio está "a disposición del juzgado. Cuando esas personas se encuentran investigadas, tal y como se refiere en el acto, ya es el juzgado el que nos tiene que decir, como Administración, qué vias y poner si así se produce", ha expresado.

Carazo ha reiterado la predisposición del Ayuntamiento a colaborar con la justicia y con la investigación "en lo que se trate de aportar la documentación que se nos solicite y los expedientes que se reclamen, tal y como hemos hecho". Asimismo la alcaldesa ha deseado que la investigación "culmine" para que "nos ofrezca la mayor veracidad de lo que ha ocurrido. Eso es lo que quiero conocer, y lo que queremos conocer los granadinos", ha valorado.

Aun así, la alcaldesa se remitía al sumario del caso, donde "primero" hay "una investigación abierta respecto a esos 43 investigados, que supone que a partir de ahora tendrán que declarar en el juzgado", y ha antepuesto la "presunción de inocencia" de los encausados, aunque con el deseo de que haya "una sentencia judicial final y que sea cuanto antes".

La oposición pide el cese

Por otro lado, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, pedía también este jueves a la alcaldesa que suspenda de forma cautelar de sus puestos a los policías locales que están siendo investigados en el caso de los supuestos amaños en las oposiciones al cuerpo de seguridad en la capital. "Entendemos que deben ser apartados hasta que la investigación termine y se depuren las reponsabilidades de cada uno", expresaba.

Para Raquel Ruz, "está claro" que la alcaldesa de la capital "tiene una responsabilidad al haber mantenido al exjefe de la Policía Local, que lo señala la investigación como cabecilla de la trama, durante dos años sabiendo que esta investigación estaba en curso". "Hemos tenido que pasar la vergüenza de las declaraciones de este señor, esos audios que se filtraron en el cual daba vergüenza de lo que se estaba diciendo ahí, y a pesar de eso la señora Carazo siguió manteniendo a este exjefe hasta que al final fue detenido por la UDEF, registrado en su despacho", con "unas imágenes que nos volvían a llenar de vergüenza", lamentó la lider de la oposición ante los medios de comunicación.

La líder socialista en el Ayuntamiento aseguró que Marifrán Carazo "no tenía que haber dado lugar nunca a que ese momento pasara", y recordó la petición que hizo su partido para la dimisión o cese del exjefe de la Policía Local "desde que se inició esta investigación, puesto que sí lo señalaban como cabecilla de la trama". Además, la concejal del PSOE hizo un "llamamiento para que se investigue absolutamente todo, hasta el último papel, caiga quien caiga".

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