La demanda de un nuevo instituto y colegio en Gójar llega al Defensor del Pueblo Andaluz: "Necesita un impulso decidido"

Gójar, uno de los municipios el Área Metropolitana de Granada que más ha crecido en estos últimos años, brega para contar con mejores infraestructuras educativas. Sus demandas, de hace años, han llegado al Defensor del Pueblo Andaluz, que se ha pronunciado de forma favorable a la localidad en un pronunciamiento en el que reclama, de forma explícita, "un impulso decidido" a la Junta para concretar los planes de un nuevo colegio y un nuevo instituto.

El municipio ha pasado de algo más de 3.000 habitantes en 1996 a unos 6.300 vecinos en 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según destacó el Ayuntamiento en su queja a la Defensoría en relación a la situación del colegio, el número de menores de 3 años matriculados en el colegio ha sido inferior a lo esperado debido a que a pesar de que el pueblo crece, sus infraestructuras no acompañan. A esto se une el esfuerzo de la comunidad educativa, que se materializa en buenos resultados, arguye el municipio.

"Ello demuestra el valor del colegio y la necesidad urgente de garantizar instalaciones acordes a ese nivel de excelencia", indica la queja remitida a la oficina de Jesús Maeztu. En la misma se destaca que la falta de espacio ha obligado a ceder espacios municipales para su uso docente o como comedor. "El centro se ha convertido en un aulario sin espacio", destaca el Ayuntamiento.

En cuanto al instituto, también se reclama una nueva instalación. El Consistorio compró, se indica en la queja, una parcela por 300.000 euros. Se cedió a la Junta para la construcción del IES pero a día de hoy no hay nada.

La misma resolución del Defensor recoge la respuesta de la Delegación en Granada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. En esta contestación se reconoce que en 2019 se incluyó dentro del plan de actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) la sustitución del colegio por un importe de 2,7 millones de euros. "Las obras están pendientes de fuente de financiación, desde este Servicio no tenemos acceso a esa información", indica la Delegación provincial.

La misma Administración recuerda que las entidades locales, en este caso el Ayuntamiento de Gójar, "no pueden omitir su responsabilidad en los trabajos de mantenimiento de las condiciones de uso y habitabilidad de los centros docentes de su titularidad". Así contesta al desembolso hecho por el Consistorio para dotar de toldos, aire acondicionado o mejorar accesos del colegio, entre otras actuaciones.

Tras recoger ambas posturas, el Defensor del Pueblo Andaluz entra en el tema para señalar que la problemática no es nueva. La norma señala que el mantenimiento de los colegios depende de los ayuntamientos, mientras que la construcción es cosa de la Junta.

Tras establecer las distintas competencias, la Defensoría se pronuncia sobre la cuestión de un nuevo edificio para el instituto público de Gójar. La resolución de Maeztu destaca "el esfuerzo municipal" en la compra del terreno para el IES y su cesión. "No obstante esta cuestión nuclear exige ciertamente un impulso", reflexiona la Defensoría. "El proyecto del nuevo centro IES no parece que ofrezca unos resultados coherentes con su acreditada oportunidad. El hecho de que se aluda a la adopción de pasos importantes (como la compra municipal del terreno y su cesión) no esconde una insuficiente respuesta de las autoridades educativas para ofrecer resultados más ágiles para la preocupada comunidad escolar".

Ante esto, el Defensor estima que "hemos de considerar que el asunto abordado necesita un impulso decidido para concretar la supervisión del proyecto por parte de los servicios técnicos de la administración autonómica. En tal sentido, desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, y Defensor del Pueblo Andaluz, ratificamos la necesidad de avanzar en los trabajos de puesta en marcha del proyecto del nuevo IES acordes con los compromisos de mejora en las infraestructuras de la localidad".