La Diputación de Granada cerró 2023 con un "superávit ficticio" por el canon de basura, la ayuda a la dependencia y la falta de ejecución de fondos europeo

El informe del interventor refleja ciertas particularidades en las cuentas del organismo que ofrecerían datos irreales para ese ejercicio

La rendición de cuentas de la Diputación de Granada desata la bronca política en la antesala del nuevo curso

Fachada de la Diputación de Granada en una imagen de archivo.
Fachada de la Diputación de Granada en una imagen de archivo. / GH

La Diputación de Granada cerró 2023 con un resultado presupuestario de más de 54 millones de euros, un importe muy superior a los 11,9 millones de 2022 debido a los mayores ingresos del organismo supramunicipal, destacando especialmente los referentes a ley de dependencia y la tasa de basuras, así como la falta de ejecución de proyectos EDUSI y EDUGR, que generaron un "superávit ficticio", según las conclusiones señaladas por el interventor del organismo en su informe sobre la liquidación del presupuesto de ese año, que ha generado cierta polémica después de que el Tribunal de Cuentas destacase que este organismo no había presentado sus cuentas dentro del plazo establecido.

En el primero de los casos, el interventor reconoce que se recibió la transferencia por parte de la Junta para la Ayuda a Domicilio vinculada a la Ayuda a Domicilio, el cual debía ser abonado, por su parte, desde la Diputación a los ayuntamientos de la provincia, pero "no se pudo realizar en la fecha prevista", lo que ha generado un ingreso en las arcas de Diputación de casi siete millones de euros que se sumarían a los 12,3 referentes al canon de basuras.

Al mismo tiempo, se aprobaron ciertos proyectos de gasto a finales de 2023 cuya ejecución, siempre según el interventor, no ha sido posible realizar pese a contar con "los anticipos de los ingresos". También se da el caso del préstamo recibido para un plan de obras y servicios que se puso en marcha en 2020, aunque el dinero se recibió tres años después.

A nivel europeo, el informe del interventor destaca la ejecución de los proyectos EDUSI y EDUGR cuya ejecución final se realizó durante el ejercicio de 2023, reconociendo obligaciones por más de 25 millones de euros. Respecto de los ingresos, de forma simultánea, no se han reconocido derechos al encontrarse la justificación pendiente de aprobar por la entidad que concedió la subvención y aprobó los proyectos (UE).

Por otro lado, el Remanente de Tesorería Total de 2023 supera los 125 millones, de nuevo por encima de las cifras de 2022 (9,1 millones). El análisis de las variables necesarias para proceder al cálculo de esta magnitud determina que los fondos líquidos se ha incrementado en casi once millones, mientras que las partidas pendientes de aplicación, concretamente las pendientes de aplicación del ejercicio anterior (2022) han aumentado 2,3 millones, principalmente por un ingreso procedente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por cerca de dos millones y medio y que "se procederá a aplicar en el ejercicio de 2024 una vez aprobado el proyecto de gasto de Sostenibilidad Turística en el Poniente Granadino".

El Remanente de Tesorería para gastos generales ascendió, por su parte, hasta los 69,3 millones mientras que los ajustes relativos a los saldos de dudoso cobro y los excesos de financiación afetada realizados sobre el remanente total fueron superiores a los de 2022 por casi doce millones de euros, un valor que "viene determinado principalmmente" por el cálculo del desvío ocasionado por el programa de ayuda a la dependencia.

Respecto a los saldos de dudoso cobro, la liquidación de presupuestos la cifra en 26,5 millones una cifra ligeramente inferior a los 27,6 recogidos en el ejercicio de 2022.

Solo una parte del total

Tanto la liquidación del presupuesto de 2023 como el correspondiente informe del interventor, están fechados en abril de 2024, por lo que entrarían en plazo para la presentación de la información al Tribunal de Cuentas, que expiraba el pasado 31 de diciembre.

Sin embargo, fuentes consultadas por este medio, indican que, si bien se estaba en posesión de los documentos, estos suponen solo una pequeña parte de la información total que debe entregarse ante el Tribunal de Cuentas. Al no disponer del resto de la documentación, que incluiría por ejemplo la relativa a los consorcios, pertenecientes a Diputación, no se habría podido presentar ante el órganos fiscalizador. Finalmente, como dio a conocer este martes Ana Molina, diputada de Economía, la institución entregó "el pasado 29 de julio" las cuentas consolidadas, incidiendo en que desde mediados de junio ya estaban disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

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