La rendición de cuentas de la Diputación de Granada desata la bronca política en la antesala del nuevo curso

Con un ojo puesto en el inicio del curso político y otro en el ejercicio económico de 2023, así se encuentra la Diputación de Granada en estos momentos. La noticia de que el organismo supramunicipal no ha presentado, dentro del plazo, las cuentas referentes a dicho año ante el Tribunal de Cuentas, al igual que varios ayuntamientos de la provincia y otras diputaciones andaluzas, ha desatado una tormenta política.

El primero en alzar la voz ha sido el grupo socialista de la Diputación, quien a través de una nota de prensa ha denunciado la "falta de transparencia que caracteriza la gestión del PP al frente de la Diputación de Granada", en palabras del diputado provincial Paco Cuenca, asegurando que la Diputación "no cumple, pero además tampoco ayuda a los municipios más pequeños a rendir cuentas, algo que es responsabilidad de la institución provincial”.

En respuesta a estas declaraciones, Ana Molina, diputada de Economía, ha asegurado que la institución entregó "el pasado 29 de julio" las cuentas consolidadas, incidiendo en que desde mediados de junio ya estaban disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y acusando a la oposición de querer "confundir a la opinión pública".

El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por el pleno el pasado 28 de julio, hace referencia al ejercicio económico de 2023 e incluye un listado de las distintas entidades locales (diputaciones, pero también ayuntamientos y mancomunidades) que no presentaron la información necesaria antes del 31 de diciembre de 2024, situación en la que se encontraría la Diputación de Granada, pero también algunos consistorios de la provincia como Motril o Armilla. La publicación, o no, en el BOP, no tiene impacto en las valoraciones que hace el Tribunal en su informe.

No obstante, el propio organismo puntualiza casos en los que sí han presentado las cuentas en un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. En esta situación, sin salir de la provincia, se encuentran ayuntamientos como el de Íllora, Juviles o el ya mencionado Motril, que habrían entregado la documentación ante el órgano fiscalizador en el primer semestre de 2025, aunque no se especifican fechas concretas.

No así el caso de la Diputación de Granada, a la cual reserva el informe un apartado, junto a Málaga y Cádiz, indicando que "a 31 de mayo, persistían sin rendir cuentas" estas instituciones, al igual que los Cabildos insulares de Fuerteventura y El Hierro.

Sobre estas entidades, ahonda el Tribunal de Cuentas al señalar que sus incumplimientos son "especialmente relevantes" teniendo en cuenta que disponen de medios suficientes "no sólo para atender sus obligaciones, sino que también son responsables de asistir en la rendición de cuentas a las entidades de menor tamaño, por lo que deberían ser especialmente rigurosas en el cumplimiento de su obligación", de ahí la queja de Cuenca para quien “prácticamente, todos los municipios de Granada son de reducido tamaño y tienen serias dificultades para tramitar y elevar los informes que exige la ley. La Diputación está para ayudarles y acompañarles no para dejarles abandonados a su suerte”.

Las cuentas de un año entre dos partidos

Para rizar más el rizo, el ejercicio económico que ha desatado la polémica, 2023, supuso además un año de transición en la Diputación de Granada, después de que el Partido Popular lograse la mayoría necesaria para gobernar tras ocho años del PSOE.

Tras aquella cita electoral, celebrada en mayo, y hasta la actualidad, Francis Rodríguez es el presidente de la Diputación de Granada, por lo que correspondería a este equipo de Gobierno entregar las cuentas, como finalmente asegura haber hecho, de un ejercicio gestionado por dos partidos distintos.

Pese a todo, y observando el mapa que dibuja el informe del Tribunal, la gestión de estas cuentas parece estar por encima de colores. Así, ayuntamientos socialistas como Armilla o Jerez del Marquesado no han entregado a tiempo sus cuentas, mientras que Albolote, Ogíjares o la propia capital, todos ellos gobernados por el Partido Popular, sí han hecho los deberes.