Luis Salvador, de Ciudadanos, es diputado nacional por Granada gracias a las 66.000 papeletas (el 13,48% del voto válido) obtenidas por su partido en la Elecciones Generales de junio de 2016. Nunca antes, durante los últimos 20 años de democracia (con un censo similar al actual), un partido político había conseguido un único escaño al Congreso de los Diputados por esta provincia con una cifra de apoyos más baja que ésa.

En aquella misma cita electoral, Unidos Podemos (con IU ya en las filas) no pudo obtener más representación en Granada que un único escaño, pese a sus casi 87.000 votos (17,8%). Es decir, 21.000 papeletas más de las conseguidas por Ciudadanos que no se tradujeron en más presencia en el Congreso. 

Antes de aquel ciclo de elecciones generales que se repitieron entre diciembre de 2015 y junio de 2016 (cuando irrumpieron Podemos y Ciudadanos en el panorama electoral) la hegemonía absoluta en la provincia de Granada había sido de PP y PSOE, que se repartieron siempre los 7 escaños de esta provincia con amplias mayorías. Con su mejor resultado de las últimas dos décadas en solitario (en noviembre de 2011) Izquierda Unida alcanzó un 8% del voto (40.360 votos), que tampoco le sirvió para arañar un diputado nacional al bipartidismo instalado. 

Este panorama de alta exigencia en votos y porcentajes para trasladar a Madrid al primer representante está a punto de cambiar el próximo domingo. La fragmentación y distribución del voto mayoritario entre 5 fuerzas políticas (ahora también aparece Vox en liza) rebaja el listón para obtener esos últimos escaños que se reparten según el controvertido y a veces caprichoso método de la Ley D'hont. 

Como ejemplo de esto sólo habría que hacer un ejercicio de simulación con los votos obtenidos en Granada por cada partido en las últimas elecciones autonómicas andaluzas de diciembre pasado (no se trata de hipotéticas encuestas). En esos comicios, si fueran Generales, Vox Granada, con solo 47.000 votos (11,38%) tendría un escaño en el palacio de la madrileña Carrera de San Jerónimo. El mismo número de representantes que se habría llevado Ciudadanos y la confluencia de Podemos e IU, a pesar de tener 76.000 y 62.200 votos respectivamente. Es decir, los tres partidos cuyo porcentaje de voto osciló entre el 11% y el 18% habrían conseguido el mismo resultado efectivo: un solo diputado. PSOE y PP tendrían dos escaños cada uno. La clave es la ausencia de una mayoría aplastante. 

Lo que según las encuestas puede modificar este resultado de hace sólo 5 meses es una supuesta bajada de Unidas Podemos (se supone que en favor del refuerzo del PSOE) y una mayor dispersión del voto de la derecha con mejores resultados para Vox que los de las últimas elecciones autonómicas.

La evolución del partido más escorado a la derecha puede ser clave para todos. Aún creciendo en votos, Vox tendría muy difícil acceder a su segundo diputado; pero al restarle apoyos a Ciudadanos y, sobre todo, al PP, podría permitir que el suelo de apoyos para el séptimo escaño se rebajara. Esto es, que el PP perdiera un escaño más y que Unidas Podemos se beneficiara de ello para obtener un representante, incluso aunque tuviera un número de papeletas más reducido que en las andaluzas.

Ese es precisamente el escenario que dibujaba la última encuesta del CIS en la provincia de Granada (PSOE 3, PP 1, Cs 1, Vox 1, UP 1): una subida de Vox que de forma paradójica podría perjudicar al bloque de derechas, porque acapararía una bolsa de votos improductivos (salvo que alcanzara un más que sorprendente resultado, próximo a los 100.000 votos y accediera al segundo escaño).  

Del mismo modo, si Unidas Podemos al final consigue mejorar los pronósticos y arañar muchos votos a los socialistas, esta formación podría perder el tercer escaño que le dan las encuestas, a favor del PP o de Ciudadanos (que podría llegar a tener un segundo diputado). 

Son los caprichos de esta ley electoral, que beneficia mucho a las grandes mayorías y expone a una enorme incertidumbre y contradicción el resultado final de unas elecciones tan apretadas como éstas, con un abanico de partidos que tienen previsiones de voto similares y con solo 7 trofeos a disputar.

La consecuencia del fin de las grandes mayorías 

Un ejemplo de esa facilidad que la Ley otorga a las mayorías es el histórico prorrateo de votos por escaño. En Granada, en los últimos 20 años, la participación en la Generales ha solido rondar los 500.000 votantes (el censo para esta cita es de 750.752 personas), de modo que al disputarse 7 escaños en la provincia la media de votos por diputado debería rondar las 70.000 papeletas. 

Sin embargo, los partidos históricamente mayoritarios (PP y PSOE) se han llevado sillones en el Congreso a razón de poco más de 50.000 votos, cuando obtenían bolsas de votos próximas a los 200.000. Esto daba muy pocas opciones a los partidos minoritarios. 

Este escenario es muy difícil que se repita ahora, aunque el PSOE aspira en esta provincia a retomar una amplia mayoría que le permita alcanzar los tres escaños; y esto de nuevo volvería a elevar el umbral de voto para los pequeños. Es previsible que el ‘precio’ de esos últimos escaños unitarios (que no el de los que se consiguen en bloques de 2 o 3) ronde esta vez el 10% del voto, lo que viene a ser medio millar de papeletas, también en función de otra gran incógnita: la participación.