Granada

Una empresa de Granada lanza el primer registro nacional de morosos judiciales

  • Los abogados y sus clientes tendrán una plataforma donde reclamar o consultar los impagos reconocidos en sentencias firmes. 

  • Tendrán cabida deudas como las pensiones de alimentos, alquileres o transacciones comerciales.

Una empresa de Granada, en asociación con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), lanza esta semana una iniciativa pionera para luchar contra la morosidad entre instituciones, pymes, autónomos o particulares, cuyas deudas hasta ahora se mantenían ocultas y sin posibilidad de ser consultadas por quienes necesiten conocer la solvencia de sociedades o personas físicas. Se trata del Registro de Impagados Judiciales (RIJ), que será la primera base de datos de sentencias firmes que recogen obligaciones económicas. 

El proyecto "ha surgido en Granada y se gestionará desde Granada", en palabras de su impulsor, el abogado granadino José Enrique Rodríguez Zarza. El trabajo de este letrado en la reclamación de una deuda antigua al entonces presidente del Granada Club de Fútbol Enrique Pina es el que inició las investigaciones policiales que a la larga han servido para procesar al dirigente por varios delitos en la Audiencia Nacional. Su experiencia con la morosidad viene de muy atrás. 

La empresa explotadora de este novedoso fichero de morosidad es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas SL (constituida por It abogacía, la sociedad del CGAE y la mercantil granadina Inversiones Colectivas en Red, Icired).

El registro, que comenzará a funcionar el próximo 14 de mayo y va a ser presentado a todos los profesionales del sector judicial español en el Congreso de la Abogacía que se celebra esta semana en Valladolid, reunirá información de deudas líquidas vencidas y exigibles superiores a 50 euros y reconocidas mediante una resolución judicial firme. 

Las personas autorizadas a registrar esas deudas serán los representantes procesales (abogados, procuradores, graduados sociales) de los propios acreedores. El objetivo es que esa información, una vez contrastada y notificada al afectado, esté disponible a través de una página web para su consulta por parte de quienes tengan intereses legítimos acreditados o su difusión al sistema financiero español. 

El problema con el que contaban los abogados en España hasta ahora es que toda la deuda que ellos gestionan a través de sus pleitos no estaba registrada en ningún sitio y no era visible. Según sus estimaciones, los registros de morosidad existentes (Asnef o RAI) sólo llegan al 15 o 20% del total de las deudas, porque se limitan a impagos al sector financiero, de grandes empresas de suministros (las de telefonía son las más comunes) o de efectos devueltos.

Impagos como las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, de alquileres o de una compraventa de mercancía, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, serán el objeto de este nuevo registro, que tiene validez en toda España.

Según datos de la memoria del CGAE, en 2017 hubo 2,4 millones de sentencias que se ejecutaron, en las que hay transacciones económicas e impagos que hasta ahora permanecían ocultos.

El RIJ pretende acabar con las ejecuciones judiciales infructuosas "tras largos años de litigio judicial en reclamación de una deuda" y al mismo tiempo "otorga transparencia al tráfico mercantil de nuestro país dotando de seguridad y confianza al sistema financiero y a los mercados, ofreciendo información veraz y relevante sobre solvencia y riesgo crediticio de personas físicas y jurídicas", explica el abogado Rodríguez Zarza a este periódico. En definitiva, la iniciativa vendría a contribuir a que los ciudadanos no pierdan la fe en la justicia y su efectividad. 

La seguridad jurídica de este registro radica sobre todo en que la información que contendrá es la de sentencias judiciales firmes. Sus impulsores insisten en que cumple la legalidad vigente, al respetar la normativa estatal y europea de protección de datos y la ley de protección del derecho al honor. El sistema, tal y como está planteado, es garantista, pues el deudor tendrá la oportunidad de subsanar y cancelar la información que se vaya a publicar. 

Una empresa de Granada lanza el primer registro nacional de morosos judiciales. Una empresa de Granada lanza el primer registro nacional de morosos judiciales.

Una empresa de Granada lanza el primer registro nacional de morosos judiciales.

¿Cómo funciona el registro de morosos judiciales?

El proceso comienza con el acceso del abogado (que tiene que estar colegiado y con firma electrónica) a la plataforma web a través de RedAbogacia, donde dejará constancia de su reclamación contra el deudor en nombre de su cliente y de la resolución judicial que acredita el impago.

Un equipo jurídico del RIJ tendrá que validar la información y los documentos aportados. Luego la misma plataforma enviará un requerimiento de pago al deudor en nombre de su acreedor, con la advertencia de que los datos será aportados al fichero en caso de no hacer frente a la cantidad pendiente. El afectado tendrá 5 días para pagar y, si no lo hace, la plataforma le notificará la publicación de la deuda, de modo que éste pueda acceder para pedir su rectificación, supresión o cualquier otro tipo de oposición.

Ese registro, una vez depurado, podrá ser consultado por el sistema financiero español y por todos los que demuestren tener un interés legítimo en conocer la información. Estos datos estarán a disposición de una mercantil que hace raiting y scoring, con información sobre solvencia y riesgo de impago de empresas.  

¿Quién paga el servicio del RIJ?

La prestación de este servicio de inclusión de deudas en el fichero de impagos judiciales es sufragada por el acreedor que quiere reclamar a través de este sistema. Los precios oscilan desde los 29,9 euros hasta los 39,9 euros, en función del modo de envío de las notificaciones. 

El acceso a la consulta sobre la solvencia, tanto de personas físicas como de personas jurídicas cuyos datos figuran registrados en el fichero RIJ a los interesados que acrediten un interés legítimo en conocer la información publicada, es gratuito y abierto. 

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