El empresario que conectó a Koldo con los hermanos de Baza defiende la limpieza de las adjudicaciones de obras

El instructor del Caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS) ha prohibido salir del país y obligado a comparecer cada quince días en sede judicial al ex directivo de Acciona Fernando Merino, cuñado de los hermanos de Baza Antonio y Daniel Fernández Menéndez, tras tomarle declaración como imputados por su presunta implicación en la trama de pago de comisiones a cambio de obra pública, algo que este ha negado, defendiendo la limpieza de las adjudicaciones.

De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han adherido las acusaciones populares. Se trata de las mismas medidas cautelares que impuso el viernes pasado a otro empresario investigado en el TS por esta presunta trama, José Ruz, vinculado a la constructora LIC. En cambio, para los hermanos granadinos solo acordó comparecencias periódicas.

El magistrado razona que le impone estas medidas cautelares porque "persisten los indicios de criminalidad" que condujeron a su imputación, aclarando que tampoco han quedado "desvirtuados como resultado de la declaración prestada" este lunes. El instructor cree "indiciariamente justificado" que Merino habría intentado favorecer a través de Koldo a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), empresa constructora de sus cuñados Antonio y Daniel Fernández Menéndez, que a cambio de las presuntas adjudicaciones ilegales también "habría satisfecho ciertos premios económicos" al entonces asesor ministerial.

Limpieza en las adjudicaciones

Merino ha declarado este lunes ante el TS como imputado, contestando tanto a las preguntas de su abogado como a las del fiscal y al juez. Este ha negado haber pagado mordidas a cambio de obra pública, y ha negado ser 'El Cordobés', como aparece reflejado en el informe de la UCO. Según ha indicado, el modus operandi era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil conseguir obras en País Vasco y Navarra.

En cambio, sí ha reconocido que puso en contacto a sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) con Koldo García para facilitarles el acceso al Ministerio de Transportes. Por la misma razón, ha relatado, preguntó a Koldo García por un expediente de una obra adjudicada a OPR que estaba parado.

Sobre Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar y persona cercana al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Merino ha declarado que lo conoció en 2014, cuando llegó como delegado de Acciona en Navarra, porque fue a su oficina y se presentó él mismo. Su colaboración venía desde la UTE con Servinabar para la Mina Muga, pero ha precisado que esa colaboración empresarial no la cerró él, sino su superior.

Interrogado por sus contactos con Cerdán, ha contado que lo conoció en su primer año como delegado de Acciona en Navarra, en una ronda de presentaciones a los agentes sociales. Al exdirigente socialista lo consideró como tal porque formaba parte de la oposición navarra. Sin embargo, ha sostenido que sus contactos fueron limitados. Tomaron algún pintxo alguna vez pero no cenaron.

Respecto a Koldo, Merino también ha enmarcado su relación en el ámbito navarro situándola temporalmente en el primer proyecto al que habrían ido en UTE con Servinabar, el de la Mina Muga de 2015. Merino ha rechazado que Acciona tuviera que pagar a Koldo, si bien ha señalado que podría haber recibido algún dinero porque en ese primer proyecto hizo algunas gestiones con los dueños de la parcela, que eran 500 hectáreas, porque llevaba tiempo trabajando para Geoalcali, la minera que promovió este proyecto privado. García, ha justificado, formaría parte de un equipo multidisciplinar.

En ese sentido, ha reconocido que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por el Bar Frankly, algo en lo que la UCO ve un mecanismo de blanqueo de capitales. Merino ha defendido que eran facturas reales por comidas, porque tenía un pequeño reservado donde se hacían reuniones con Geoalcali y otros proveedores. Koldo, ha subrayado, tenía autorización para celebrar allí encuentros por trabajo.

Sobre los nombramientos para Transportes y Medio Ambiente que le remitió Koldo, lo ha achacado a un error, asegurando que no era lo normal porque Acciona tenía otros departamentos para tratar directamente con ministerios. Al ser preguntado por qué envió a Koldo una imagen con el resultado de las ofertas para una obra del AVE en Extremadura, si era delegado en Navarra, ha contestado que, aunque excedía de sus competencias, se la mandó porque le llegaban todas pero sin intención ninguna.

El cuñado que introdujo a los empresarios granadinos en la trama

En el informe de la UCO, la Guardia Civil solicitó la entrada y registro de dos viviendas y una empresa en la provincia de Granada por su "vinculación a los principales intervinientes en los hechos investigados, recordando sus vinculaciones con los mismos y el objeto de interés para la investigación". Una de las viviendas registradas está ubicada en Huétor Vega, y se trataba del domicilio particular de Fernando Merino y sede social de la sociedad Mer Construcciones, según consta en el informe de la Unidad.

Merino sería supuestamente el nexo de la multinacional Acciona con la trama, ya que ocupó puestos en las filiales de Infraestructuras y de Construcción de la compañía, y a su vez el punto de unión de OPR y los hermanos Fernández Menéndez con el caso, siendo este su cuñado. Según la Guardia Civil, "su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad".

"El análisis de los dispositivos informáticos intervenidos a Koldo resulta expresivo de que en diversas ocasiones Fernando Merino habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraptrestaciones a los investigados", prosigue su relato el informa de la UCO, que pasa a explicar que el empresario figura como titular y empadronado en el domicilio de Huétor Vega desde 2022. "En este inmueble también consta el domicilio social de su empresa Mer Construcciones", añade el informe de la Benemérita, quien estableció vigilancias sobre la casa para constatar que vivía allí, y que además aparcaba en la puerta un vehículo titularidad de su constructora.

La Guardia Civil solicitó la entrada en la vivienda "debido a la participación de Fernando Merino" en las conductas que detalla el informe, ya que "podría albergar en su domicilio documentación e información en sus dispositivos electrónicos que resulten de especial relevancia para los hechos investigados, así como dinero en efectivo".