El exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE) -conocido como Juan Mar- ha defendido hoy ante el tribunal la legalidad de su labor como regidor de la localidad granadina en un caso sobre la compra de unos locales con dinero público, cuyo juicio ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial. El antiguo regidor afronta este proceso justo cuando se ha situado en el ojo del huracán por las nuevas revelaciones del caso del Centro Saramago, en el que está siendo investigado por un juzgado de Huéscar.

López Ródenas ha proclamado su inocencia por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, de los que se le acusa cuando era regidor por la supuesta compra ilegal por parte del Ayuntamiento de un bajo colindante al edificio consistorial, pagando además un precio por encima del valor catastral. Este caso es conocido como el de las "marraneras".  "Jamás habría permitido un trato de favor", declaró el acusado en la sesión inaugural del proceso judicial, que se extenderá hasta mañana.

El exregidor, que se ha negado a contestar a la acusación particular y a la popular, ha justificado a preguntas del fiscal que el Ayuntamiento adquirió el local anexo al edificio consistorial con la finalidad de solventar un "problema de accesibilidad" en la época de la Ley de Dependencia.

López Ródenas ha asegurado que dicho inmueble era "necesario" para montar un ascensor y su compraventa se ajustó a la legalidad. El exalcalde ha admitido que preguntaron a todos los vecinos de los edificios que estaban al lado del Ayuntamiento y que "el único local que se quería vender era ése".

Asimismo, ha apuntado que para dicha reforma municipal se contó con una subvención de la Junta de Andalucía, cuya cuantía no ha sabido precisar.

Respecto a la tasación del inmueble, y la cuestión del supuesto sobreprecio, López Ródenas ha asegurado que fue muy difícil la compra porque "nadie quería vender" y el bajo que encontraron finalmente pertenecía a una persona "que pedía mucho".

Por último, el exregidor ha señalado que no le unía más relación que la profesional con los otros dos acusados (el secretario municipal y una arquitecta técnica). "Se suele confundir a los técnicos con que son amigos pero sólo había una relación profesional", añadió López Ródenas.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril (ahora gobernado por Nuevo Castril) ha solicitado seis años y un día de prisión para el exalcalde por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años.