La economía municipal es un gigante difícil de gestionar. Tienes que conseguir aumentar los ingresos sin descuidar tus pagos primero a trabajadores (capítulo I), después a bancos para el abono de préstamos que permita aumentar la capacidad económica municipal, y también a los proveedores que hacen que funcione todo el engranaje institucional en el día a día. En estos están incluidas las concesionarias de servicios pero también todas las pymes y empresas que prestan algún servicio que facturan al Ayuntamiento.

Según el informe de morosidad del cuarto trimestre de 2018, al que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Granada tiene pendientes de pago 97.694.728,32 millones de euros. Un pago que se corresponde a esos proveedores de servicios. Por contra, a final del año pasado tenía pagados 34,6 millones de euros.

Un montante de facturas que están pendientes de pago nada desdeñable pues suponen en número superior a las 4.600 operaciones. La mayoría, según el informe, son por gastos en bienes corrientes (71,6 millones). De estos, la mayor deuda es en material y suministro (59,8 millones), seguida de reparaciones y mantenimiento (11,3 millones). Hay 355.927 euros de arrendamientos y cánones; 321 de indemnizaciones y 7.376 por gastos de publicaciones.

Estos 97,6 millones de euros son casi el doble que hace unos años. En 2015 había pendiente de pago 57,4 millones en 3.140 facturas; en 2016 subió a 71,2 millones (3.520 facturas); en 2017 a 74,4 millones (3.070) y en 2018, a 97,6 millones de euros.

Según el concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, este es uno de los efectos de la gestión económica del equipo de Gobierno actual –y también del anterior, achaca– que “ha primado pagar a los bancos antes que a los proveedores”.

Para el concejal se demuestra que la economía del actual gobierno municipal es un “gigante con pies de barro” y que mientras que “presume de tener estabilidad presupuestaria”, aumenta la deuda a proveedores “más de 40 millones de euros en los últimos tres años”.

Según la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hay un plazo máximo de 30 días para el pago de las facturas pero la cifra del Ayuntamiento es mucho mayor. El concejal de Economía ha reconocido que el periodo medio de pago a proveedores, fijado en 2003 días a final de 2018, no era bueno.

Además, las operaciones pendientes de pago generan a su vez intereses de demora, que suman ya los 3,4 millones de euros. “Bocados al presupuesto que no se traduce en servicios ni en empleo”, relata Puentedura, que asegura que la situación es como una bola de nieve, que se hace cada vez más grande “hasta que estalla”.

Pero, ¿de qué son esas facturas de proveedores? ¿Qué gasta el Ayuntamiento en su día a día? ¿Cuánto cuesta sostener la actividad municipal tanto por el trabajo diario en la Plaza del Carmen como por las fiestas y actos públicos y culturales que organiza la ciudad?

Este periódico ha tenido acceso al listado de justificantes pendientes de pago al cuarto trimestre de 2018. Y hay datos curiosos por su concepto y por su valor.Aunque los grandes reclamantes son las empresas Rober (20 millones) e Inagra (casi 40 millones), que acumulan las facturas millonarias, también hay una importante deuda con el servicio de ayuda a domicilio municipal y de dependencia (6,5 millones).

También hay importantes facturas sin pagar de servicios como la limpieza de colegios y dependencias municipales (1,2 millones), el bacheo (más de medio millón), así como certificaciones de obras, mantenimiento de espacios verdes, conservación...

Para IU, la única forma de abordar el pago de estas más de 4.600 facturas pendientes de pago es con “recortes en prestaciones de servicios básicos a la ciudadanía”, algo que denuncian desde la formación de izquierdas.

Además, critica Puentedura que el impago de las facturas “pone en riesgo las pequeñas y medianas empresas de Granada, cuya actividad económica y empleo depende de que el Ayuntamiento pague en tiempo y forma”, por lo que se está “empobreciendo” a la ciudad.