El 28 de diciembre de 2005 fueron detenidas por la Policía Autonómica dos personas a las que se les atribuía una "trama fraudulenta de entradas en la Alhambra", como destacaron al día siguiente los medios de comunicación. A partir de ahí se inició un largo, voluminoso y complejo proceso judicial que cumplirá sus 13 navidades completas, porque la sentencia final no se hará pública hasta el próximo 8 de enero, según anunciaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La resolución se ha hecho esperar, como todo lo demás en este procedimiento bautizado como Caso Alhambra. El juicio quedó visto para sentencia al inicio de la Navidad pasada (el 19 de diciembre de 2016) y los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial han tardado más de un año en decidir el futuro del medio centenar de personas que se mantuvieron como acusadas después de sentarse en el banquillo durante los tres meses de juicio.

La tardanza de esta sentencia ya era una extrañeza desde hace meses en el ámbito judicial, hasta tal punto que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, manifestara su preocupación hace pocos días en un encuentro navideño con los medios de comunicación.

Pero este colofón temporal en realidad está en consonancia con todo el proceso, desde su inicio en 2005. La instrucción de 9 años llevada a cabo por el juez Miguel Ángel del Arco ha sido muy censurada, especialmente durante los días del juicio por parte de las defensas de los acusados. "Han fallecido personas, se han desestructurado familias, algunos han perdido la juventud y hay quien no ha podido celebrar su jubilación", se quejó el letrado Pablo Luna el día de sus conclusiones finales, hace más de un año. Es de suponer que en ese momento no imaginaban que pasarían dos navidades más sin resolución.

El pasado 13 de enero, ya a la espera de sentencia, este periódico publicó un documento firmado por la mayoría de los procesados en este caso, en el que por primera vez en más de una década hacían su propio balance de lo ocurrido y lanzaban duras reflexiones y reproches sobre la presunción de inocencia, la libertad de expresión o los circos mediáticos. Y hacían un paralelismo con el caso judicial (surgido mucho después) de las Audioguías de la Alhambra, donde ahora se investiga a los máximos responsables del monumento, que en su caso participaron como testigos de cargo. Algunos de ellos se han quejado de los ataques a su dignidad, prestigio y honor, y reclamaban entonces su derecho a declarar ante el juez cuanto antes. Pero los implicados en el caso de las entradas de la Alhambra les recordaban en su escrito que ellos habían padecido todo eso durante 12 años y habían permanecido en silencio, sobre todo por no ser personajes públicos con altavoces mediáticos. [El caso Audioguías ya está a punto de finalizar su fase de instrucción y la Audiencia ordenó cambios que agilizaran el proceso].

Esta reflexión social, judicial y humana es ajena al resultado final de este caso, porque, con independencia de que los acusados vayan a la cárcel o sean absueltos, la justicia debería garantizar una diligencia que no se ha dado en este asunto.

Ha sido complejo. El sumario llegó a acumular 90.000 folios, relacionados con una supuesta red de fraude de entradas en la que llegó a haber más de 70 personas imputadas. Al final 50 llegaron como acusados al juicio de la Audiencia, que comenzó el 15 de septiembre de 2016, y 48 permanecieron señalados por la Fiscalía al final de las 44 sesiones, que se celebraron durante 3 meses. Trabajadores de la Alhambra, guías turísticos y responsables de las empresas investigadas se enfrentan a peticiones de entre cuatro y nueve años de prisión por los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico. Cuatro de los procesados firmaron un acuerdo para rebajar sus penas a cambio de colaboración.