El fiscal acusa a 5 personas de estafar 1,5 millones de euros con el oro electrónico

La Fiscalía de Granada ha formulado acusación contra cinco personas por el denominado caso del fraude del oro, una presunta estafa piramidal ocurrida en Granada en 2006 que se saldó con más de 200 pequeños inversores afectados y 1,5 millones de euros presuntamente defraudados. Los principales acusados son César M.C. y Víctor F.P., como representantes y administradores únicos de las empresas que prometieron a las víctimas cuantiosos beneficios si invertían en la compraventa de oro electrónico. Ambos se enfrenta a ocho años de prisión por dos delitos: uno de estafa continuada y otro de falsedad en documento oficial.

Los tres acusados restantes son Eva M.M., Fátima G.P. y Hugo F.R., todos ellos empleados de las empresas Beaver Financial Corporation S.L. y Granadahouse Consulting S.L. y a quienes el Ministerio Público atribuye también un delito de estafa continuada, por el que solicita que sean condenados a 6 años de prisión.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, emitido a finales del año pasado y al que ha tenido acceso este diario. En él, junto a las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen a los 203 afectados con las cantidades que percibieron de ellos, que suman un total de 1.539.288 euros.

De acuerdo con el relato que realiza el Ministerio Público en su calificación, en la que solicita que se abra juicio oral en la Audiencia de Granada para enjuiciar los hechos, los acusados César M.C. y Víctor F.P., actuaron "dando apariencia de legalidad a sus operaciones mediante la inscripción de sus sociedades en el Registro Mercantil y la apertura de oficina y contratación de personal".

Una vez creadas las empresas y "de común acuerdo con los empleados" de las mismas, captaron a clientes "con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba a ser destinado al fin previsto".

La Fiscalía sostiene que los cinco implicados en el caso, que fue investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de la capital, "de manera reiterada en el tiempo desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007, suscribieron contratos privados de intermediación financiera en la localidad de Granada cuyo objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres, para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitaran acreditar su solvencia o avalar operaciones".

Los acusados garantizaban a los inversores la percepción de una rentabilidad máxima del 75% del capital invertido, si bien "nunca llegaron a reinvertir las cantidades aportadas en la compra de oro ni metales preciosos, ni a realizar operación de inversión alguna, valiéndose de las primeras inversiones realizadas para simular que cumplían con lo acordado". Es decir, que con los primeros pagos reintegraron a los primeros clientes la inversión inicial y los intereses pactados con el capital aportado por los nuevos inversores, "aparentando así cumplir con sus obligaciones creando un clima de absoluta confianza que permitiese atraer nuevos inversores y la aportación de más capital, generando con ello una estructura piramidal".

Llegó un momento en que, según el fiscal, ya era imposible atender los pagos, por lo que, presuntamente, con el fin de eludir las reclamaciones correspondientes y posibilitar la continuidad de sus operaciones, César M. y Víctor F. "alegaron estar siendo investigados por el Banco de España, y en concreto por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales". Es más, la Fiscalía afirma que aportaron una resolución del citado organismo inexistente, "simulando estar firmada por el secretario del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía". De este modo, lograron "retrasar la devolución de las cantidades depositadas por los perjudicados en esta trama".

Las cantidades invertidas por las víctimas oscilaron entre los 100 y los 64.000 euros, sin que conste que las entidades bancarias Sabadell y Banco Español de Crédito tuvieran conocimiento de la trama ni participación en la misma. Además de la pena de prisión, pide para los dos principales acusados 66.000 euros en multa, así como 30.000 para sus empleados. No ha trascendido si se ha señalado ya una fecha para el juicio.