El fiscal pide que se revoque el archivo de la causa contra Sánchez Gordillo

Dicho y hecho. La Fiscalía Superior de Andalucía, que ya había expresado su disconformidad con el archivo de la causa judicial que existía abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el alcalde de Marinaleda y diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por los incidentes que protagonizó durante la huelga general del 29-M, ha presentado un recurso de apelación contra el auto que resolvió dar carpetazo al asunto.

En el recurso, que ahora habrá de estudiar la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz, el Ministerio Público pide "que se deje sin efecto" la resolución que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones y que remitió a un juzgado de Estepa (Sevilla) el expediente para que, en todo caso, tramitara la causa como una posible falta de amenazas.

Para la Fiscalía, el caso debe continuar en el TSJA y llegar a juicio. Por eso solicita que siga su curso en el Palacio de la Real Chancillería de Granada (sede del TSJA) y que las diligencias sean transformadas en procedimiento abreviado.

Eso sí, antes de ello, como resalta, se debe citar a Sánchez Gordillo como imputado, "como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores", así como de "sendas faltas de coacciones".

Y es que, como ya puso de manifiesto a través del comunicado en el que anunció que recurriría el archivo, el Ministerio Público cree que los incidentes ocurridos en el Mercadona de Estepa el día de la protesta pueden ser delictivos. Así, considera que debe acreditarse "el tiempo de cierre del supermercado" tras la actuación del piquete que lideraba Sánchez Gordillo, además de "los daños producidos en el establecimiento, aclarándose si les fue detraída por la empresa alguna cantidad en la nómina de los trabajadores por el tiempo no trabajado".

Las dos posibles faltas de coacciones las contempla en lo ocurrido en una oficina de la Diputación de Sevilla y en Agrosevilla. En el primer lugar, Sánchez Gordillo "se entrevistó con el responsable y le indicó , siempre según el auto recurrido, que no la abandonaría mientras que no cerrara". Al final, se optó por cerrar. En el segundo lugar, el fiscal recuerda que tras comunicar su responsable al político su negativa al cierre, éste dijo por megafonía que la próxima vez irían "con escaleras si hace falta", y entrarían para echar a todo el que estuviese dentro. El juez no vio relevancia penal en estos hechos, pero el fiscal recuerda que "el arma de la palabra es perfectamente viable para la comisión de graves conductas delictivas". Es más, destaca que "su potencial peligrosidad y su idoneidad para la comisión de graves delitos hacen de ella, precisamente, el vehículo habitual de muchas conductas ilícitas que deben ser reprimidas por el derecho penal".

En el recurso, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía deja claro que "no comparte el criterio expuesto por el magistrado instructor por diversas razones tanto sustantivas, ante la inaplicación de algunos preceptos del Código Penal, como procesales, ante la falta de imputación de la persona aforada e incompleta investigación de los hechos por la ausencia de práctica de algunas diligencias de prueba que resultan pertinentes".Sí está de acuerdo el Ministerio Fiscal con el juez que ha llevado el caso en que, dentro de los episodios del día de la protesta, ni el ocurrido en la oficina de Empleo de Estepa ni la entrada en la tienda de confección El Rubio tuvieron relevancia penal.