Un funcionario del Ayuntamiento de Granada, con responsabilidad en las compensaciones que los promotores privados tienen que hacer a la ciudad para desarrollar sus proyectos urbanísticos, abrió ayer la segunda tanda de declaraciones judiciales del caso Nazarí, en el que el Juzgado de Instrucción 2 de la capital investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Área de Urbanismo del Consistorio.

Acompañado de su abogado, Ernesto Osuna, el trabajador municipal entró en la sala de vistas para declarar como investigado sobre las 9:45 horas y no salió hasta aproximadamente dos horas después. "Se ha preguntado a mi cliente por una serie de expedientes urbanísticos, de expedientes administrativos, que están siendo investigados, y en relación a detalles que están vinculados a sus servicios dentro de Urbanismo", precisó el letrado.

Osuna, que recordó que el caso continúa bajo secreto de sumario, aseguró que este funcionario "niega tajantemente, contundentemente, pertenecer a ningún tipo de trama", así como haber cometido o participado "en ningún tipo de irregularidad" o haber dado ningún trato de favor "a absolutamente nadie".

El interrogatorio se produjo -como los del resto de investigados- a puerta cerrada. En la sala estaban solo la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, y la magistrada instructora, María Ángeles Jiménez, y sus contestaciones a las cuestiones planteadas, en su mayoría de tipo técnico, fueron grabadas. "Ha contestado a todas las preguntas que se le han hecho extensamente, por eso hemos tardado tanto rato, porque su ánimo es de absoluta sinceridad y transparencia, y de colaborar en todo lo que sea necesario", aclaró el abogado, que representa a otros cinco investigados en la causa (cuatro funcionarios más y la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto).

"Sí puedo decir que la mayor parte de las preguntas que se han hecho son de índole técnica, no de índole económica", enfatizó Osuna, al tiempo que detalló que la mayoría estuvieron relacionadas con "planeamiento" y "gestión urbanística", y no con dinero. Ante esa naturaleza "puramente técnica" de los interrogantes que fueron lanzados a su cliente, "de una alta especialización de interpretación urbanística", el abogado consideró que fueron cuestiones "más propias de un ámbito contencioso administrativo" que del ámbito penal.

Sobre los proyectos concretos que afloraron en el interrogatorio, el letrado dijo que eran "las cuestiones sobre las que la Fiscalía ha ido informando a la prensa", recordando en este sentido el comunicado remitido por la Fiscalía General del Estado a los medios de comunicación tras ser detenidos el exalcalde José Torres Hurtado y las otras 15 personas implicadas en la supuesta trama.

"Yo, desde luego, no voy a aportar ningún tipo de conocimiento en unas actuaciones que están secretas", subrayó, tras recordar que la referida nota de prensa "contenía cuestiones concretas que deberían ser secreto de sumario".

En cuanto a las labores de su cliente en el Ayuntamiento, las situó en "las obras que se hacen con una finalidad pública pero que se hacen por obras privadas", esto es, las compensaciones que la ley obliga a los promotores a hacer gratuitamente para la ciudad cuando llevan a cabo sus actuaciones urbanísticas, ya se trate de un pabellón deportivo como el Mulhacén en una zona de sector servicios con negocios lucrativos, o el alcantarillado y las calles en una urbanización con bloques de pisos.

El abogado, que admitió que las preguntas que se escucharon ayer en la sala no estaban relacionadas con expedientes urbanísticos demasiado antiguos, tendrá que volver a los juzgados mañana jueves, día 5, pues están previstas las declaraciones de otros dos de sus representados -ambos funcionarios- a las 9:30 y las 11:30 horas.

La segunda comparecencia prevista para ayer fue aplazada, según las fuentes consultadas, hasta el próximo 17 de mayo.

En el comunicado que el Ministerio Fiscal remitió a los medios el pasado 14 de abril, el departamento que dirige Consuelo Madrigal desvelaba cuáles eran las dos operaciones urbanísticas que habían dado lugar al caso Nazarí a través de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

En concreto, la nota decía que las actuaciones policiales se habían llevado a cabo "en relación con la alteración y modificación fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora nº 35 de esta ciudad, que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo", así como "en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de trescientas viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz".