La inevitabilidad de los hechos no es motivo suficiente para renunciar al derecho al pataleo. Las protestas sindicales por los recortes impuestos por las administraciones se han convertido en una constante y ayer le tocó el turno a la Justicia. Alrededor de 80 funcionarios, según los sindicatos, se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para mostrar su desacuerdo con los recortes salariales y pedir al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que investigue la "posible ilegalidad" del plan de ajuste aprobado ayer por la administración autonómica.

Según informó el delegado de Justicia de CCOO de Granada, Francisco Vílchez, la concentración se desarrolló sin incidentes bajo el lema 'En defensa de la Justicia en Andalucía y contra el recorte salarial', que en el caso de los afectados supondrá "una merma de cien euros mensuales" en sus nóminas. No obstante, indicó Vílchez a Europa Press, como la medida pretende aplicarse con carácter retroactivo desde enero de 2012, se prevé que el recorte salarial ascienda a unos 200 euros mensuales.

En el escrito remitido al fiscal, sindicatos y funcionarios ponen de manifiesto que la rebaja salarial impuesta por la Junta para los funcionarios y empleados públicos puede encontrarse con un impedimento legal en el caso de los funcionarios de Justicia. El documento advierte que el personal funcionario titular e interino de los cuerpos estatales de la Administración de Justicia "dispone de un sistema retributivo propio que viene determinado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, estando establecida la cuantía de sus retribuciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Aún así, indicaron los funcionarios, "el Gobierno pretende designar la reducción del 5% sobre el total de las retribuciones, incluyendo conceptos sobre los que carece de competencia y aplicar dicho descuento sobre uno de los pocos conceptos retributivos sobre los que sí la tiene -el complemento específico-, reduciéndolo de esta forma en un 25%". Según los funcionarios, esto constituye "un fraude de Ley y por tanto es ilícito".

En el escrito también piden al fiscal superior que inste a la Consejería de Interior y Justicia a paralizar las obras de la nueva sede de la Fiscalía del TSJA, "cuyo ahorro supone casi un 60% del importe total de la disminución salarial que se pretende realizar a los funcionarios de Justicia andaluces y que asciende a unos diez millones y medio de euros".