Funcionarios de Justicia se han concentrado en Granada para manifestar su rechazo al recorte salarial aprobado por el Parlamento andaluz el pasado 27 de junio, al considerarlo un "fraude de ley", dado que la Junta de Andalucía lo aplica, dicen, sobre cantidades que no le corresponde determinar. Convocados por la plataforma de los sindicatos representativos de Justicia de Andalucía (CSI-F, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ), medio centenar de funcionarios se han reunido ante los Juzgados de la Caleta con pancartas con lemas como "Sin nosotros no hay justicia".

La estructura retributiva de los funcionarios depende tanto del Estado, de quien es competencia la cuantía del sueldo base, la del complemento general de puesto y los trienios y servicios de guardia, como de las comunidades autónomas, que fijan el complemento específico, el de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. Por tanto, el grueso de las retribuciones de los funcionarios de Justicia, que constituye un 75 % de las mismas, viene fijado por el Estado para que sean homogéneas, mientras que la fijación del 25 % restante corresponde a las comunidades, según los sindicatos.

Los funcionarios mantienen que el legislador estableció diferenciadas de las del resto de funcionarios de la administración general, y decidió que la fijación de la parte más importante de las mismas se estableciese directamente por el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las comunidades autónomas, garantizando así su especificidad y su homogeneidad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, agregan los sindicatos, la Junta pretende aplicar el recorte a la totalidad de las retribuciones de los funcionarios de Justicia, pues para determinar el importe del recorte salarial del 5 %, lo calcula sobre la totalidad de las retribuciones brutas anuales, "aunque sólo lo aplica reduciendo en la cuantía resultante el complemento específico, que es lo único sobre lo que tiene competencias", además de la productividad y gratificaciones.

Entienden por ello que la Junta está cometiendo un "fraude de ley" al aplicar un recorte salarial sobre unas cantidades que no le corresponde determinar.