Granada estudia cómo repercutir al ciudadano la nueva tasa de basura: el servicio le cuesta 31,4 millones a la ciudad

Granada/El Ayuntamiento de Granada sigue estudiando cómo va a repercutir la nueva tasa de basura en los ciudadanos sin hacer mucha mella en el bolsillo de los granadinos. La concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado este martes en comisión municipal cómo van los trámites para la aplicación por ley de esta nueva tasa a partir del 10 de abril de este año.

A preguntas de la oposición, Pallarés ha dicho que le gustaría cumplir con la fecha impuesta por la ley y tenerlo aprobado antes del 10 de abril de 2025, que se acaba el plazo para su aplicación. Pero todavía no puede decir nada a día de hoy.

"Para cumplirla tendríamos que llevarla al pleno ordinario de enero o convocar un pleno extraordinario a primeros de febrero, si no, difícilmente estará a tiempo. Y el que no esté todavía y no pueda decir casi nada es porque los cálculos que se están haciendo es para evitar en la medida de lo posible una mayor presión fiscal a los ciudadanos", por lo que ha asegurado que van a "hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la cuota tributaria suponga el menor impacto económico para el contribuyente".

En la actualidad el área de Economía está trabajando en el cálculo de la cuota ya que lo que sí tienen determinado es el coste del servicio de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, que está fijado en 31,4 millones de euros que es lo que le cuesta a la ciudad prestar el servicio calculado a 2024. Eso calculado en base al contrato actual, que está prorrogado y a la espera de la nueva concesión del servicio, por lo que cuando se adjudique la nueva empresa habrá que revisarlo de nuevo. Pero ya será una modificación, no una elaboración total como ahora se está haciendo, por lo que será más rápido y fácil una vez aprobado este.

Con ese coste del servicio ya determinado, "nos queda por perfilar la repercusión del coste entre todos los ciudadanos", es decir, repartir lo que corresponderá por vivienda, actividades económicas, etc. para que la tasa sostenga este coste. "No arrojo la toalla para que cumplamos el plazo pero prefiero ser cauta en los tiempos y que la cuota no suponga aumentar más la presión fiscal que ya tienen los ciudadanos", ha confirmado Pallarés.

Esta tasa, que ya aplica Granada, debe cubrir lo que cuesta a la ciudad recoger, transportar y tratar los residuos además de incluir las reducciones o bonificaciones necesarias para los vecinos que reciclen bien y separen residuos (lo que se hará por zonas), hagan compostaje o estén en situaciones de vulnerabilidad. Algo recogido en la ley 7/2022, que sitúa esta tasa como obligatoria y no voluntaria como hasta ahora y que además no sea deficitaria y cubra todo el servicio.

Desde el grupo municipal Vox se han mostrado muy "preocupados" por los efectos de este "tasazo" a partir de abril, mes que también entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones, por lo que ha insistido al equipo de gobierno en que la mejora de la gestión económica sirva para reducir la presión fiscal de los granadinos y ha pedido información sobre si se ha solicitado informe económico sobre la misma al área, algo que se ha negado.

Pallarés ha respondido que "bajar impuestos es la inquietud de este equipo de Gobierno y ya dijimos que en 2025 no puede ser y lo tendremos en cuenta para 2026 pero tenemos que ver cómo evoluciona este año", ha asegurado la concejala, que dice que "está en mente trabajar en la posibilidad de poder bajar la presión fiscal".

Datos económicos y contratos

Pallarés ha insistido en el esfuerzo de Tesorería en los últimos seis meses para mantener el Periodo Medio de Pago por debajo de los 30 días y ha destacado en el último mes las cuatro propuestas de pago que suman 18 millones de euros. "Lo difícil lo hemos conseguido", ha asegurado.

La concejala ha informado también de los expediente de depósitos abandonados, cuyo plazo terminó el 20 de enero para alegaciones y que supondrá una cantidad de 90.000 euros.

El PSOE ha afeado al equipo de gobierno que se recurra en exceso a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, algo que debería se excepcional pero supone por ejemplo que se hayan pagado ya casi 300.000 euros en solo dos contratos.

También se ha preguntado por los contratos en recurso especial y por los grandes contratos, que siguen sin adjudicarse.

El PSOE ha denunciado que se lleve esperando la estructura de costes para el contrato de transportes ya seis meses.