Granada responde las primeras peticiones de anular la ZBE y alega el perjuicio económico millonario que supondría

El Ayuntamiento de Granada ya está respondiendo a los primeros requerimientos judiciales tras las seis peticiones de anulación de la Zona de Bajas Emisiones presentadas en los juzgados. Según ha confirmado a este periódico el portavoz municipal, Jorge Saavedra, ya han respondido a la petición de Armilla y la de un particular. Quedan por tanto las de Vox, una asociación y las de los municpios de Maracena y Gójar, que anunciaron demandas. Pero de estas todavía no ha llegado al Ayuntamiento la petición de alegación. Tampoco consta aún ninguna medida cautelar de paralización dictada.

Según Saavedra, en las respuestas el Ayuntamiento está insistiendo en varios argumentos y uno principal es el perjuicio económico que supondría que se tumbara judicialmente su aplicacón, como por otra parte ya ha pasado en otras ciudades que han puesto en marza zonas de bajas emisiones, como Madrid o Barcelon. Si hay una medida cautelar de paralización de la ZBE de Granada y se anula el plan municipal, la capital podría perder hasta 3,8 millones de euros ya que, como matiza el portavoz, se podrían perder las subvenciones al transporte público que aporta el Gobierno y que están condicionadas a la puesta en marcha de una zona de bajas emisiones de manera efectiva. Serían tanto las subvenciones que se dan al bono de transporte, y que permiten con colaboración municipal reducir su precio a la mitad, como la subvención general al mismo. También se podrían tener que devolver fondos europeos, por lo que el Ayuntamiento pide al juez que tenga en cuenta este efecto económico a la hora de aprobar cautelares o dictar sentencia. En 2024 la aportación ordinaria al transporte público fue de 1,7 millones y la extraordinaria de 2,1. Pero también el Ministerio ha advertido de la posiblidad de tener que devolver los fondos Next Generation recibidos para programas de transporte público.

El Ayuntamiento también argumenta la obligación legal de implantar, como municipio de más de 50.000 habitantes y con altos niveles de contaminación, esa Zona de Bajas Emisiones. Sobre el modelo, defiende que se ha ido un paso más al que había porque considera que las restricciones de acceso en calles de la ciudad y la zona Centro ya existían, por lo que había que ampliar medidas.

Respecto a motivos que en otras ciudades han llevado a que el tribunal tumbe sus ZBE, se estudiaron y por ejemplo en Madrid fue por ausencia de un estudio económico de la medida, que Granada sí aporta, y en otras capitales por falta de medidas de ayuda a los conductores con ingresos que no superan dos veces el IPREM. Y en en el caso de Granada esos conductores están dentro de las excepciones para poder circular por la ciudad, por lo que también lo entienden superado.

También, según Saavedra, se insiste en su respuesta en las excepciones contempladas, que reducen el efecto de la restricción. De hecho, todo vehículo altamente contaminante que entre a la ciudad a un parking con un mínimo de una hora puede entrar, por lo que aunque se ha notado la reducción del tráfico un 2%, no consideran la medida discriminatoria como alegan los municipios del Cinturón en sus recursos.

Con todo, desde el Ayuntamiento se considera que hay un marco legal poco seguro y que según los artículos de la ley de cambio climático a los que se acojan, siempre puede haber algo pendiene o anular medidas.