Los hoteleros de la Costa piden firmeza a Turismo en el control de alquileres ilegales

La delegada de Turismo pide la colaboración del sector para que interpongan denuncias · Los arrendadores irregulares se amparan en un 'matiz' legal

Anuncio en el que sólo se aprecia un teléfono móvil.
Rosa Fernández / Motril

26 de julio 2010 - 01:00

Mientras que los hoteles están pasando un mal verano y seguramente se acerca el peor agosto de la historia del turismo en el litoral granadino, la mayoría de los bloques de apartamentos turísticos repartidos por los municipios de la Costa Tropical cuelgan el cartel de completo para el mes de vacaciones por excelencia. La Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical sostiene que no está en contra de que se alquilen estas viviendas, pero que exige que se haga de manera legal.

"Nosotros tenemos que hacer frente a una serie de gastos de impuestos, de plantilla, etc.,", se queja el secretario general de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, que señala que, por el contrario, los propietarios de apartamentos turísticos ilegales cobran en dinero negro. "Se trata de una competencia desleal", declara molesto el hotelero.

Además, su ubicación en Almuñécar está bastante clara: parte del edificio Epsylon, del Mariote, o de Los Ramos… "Hemos observado que durante el mes de julio había bastantes luces encendidas, más incluso que otros años", asegura Rafael Lamelas, por lo que concluye que se han alquilado. Eso sí, de manera ilegal.

Si es tan evidente esta práctica, que tanto daña a los alojamientos legales, los hoteleros se preguntan por qué no actúa la Inspección de la Consejería de Turismo para detenerla.

Por su parte, la delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García afirma que es necesaria la colaboración de todos para poder poner fin a esta práctica. "Nosotros tenemos activado un plan de inspección desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, actuamos de oficio, pero los inspectores no pueden llegar a todo. Por tanto, pedimos que los que están próximos a esas prácticas nos lo notifiquen por escrito y nosotros rápidamente actuaremos", asegura. "Necesitamos el apoyo del sector para que controlen esta práctica y nos lo digan", indica García, haciendo hincapié en la importancia de denunciar estas situaciones ante la Administración.

Además, la delegada de Turismo explica el problema que existe cuando chocan con la Ley de Arrendamientos Urbanos del Estado: "si se publicitan como apartamentos turísticos (y no están dados de alta como tales) podemos actuar, pero si lo hacen como una vivienda en alquiler normal y pagan sus impuestos, no hay nada que hacer". Por lo que la propia legislación -de alguna manera- 'ampara' una práctica ruinosa para el sector turístico. "Se trata de matices", comenta García, que aprovechan los que actúan al margen de la ley.

El sindicato CCOO insta a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una campaña institucional explicando la normativa de arrendamientos turísticos de las viviendas en los idiomas más utilizados por los ciudadanos que hacen uso de este servicio, además de incentivar un plan de inspección turística para descubrir la oferta ilegal y poder regularla.

En el reciente decreto de apartamentos turísticos se hace un esfuerzo por sacar a la luz este tipo de apartamentos. El Borrador de Ley de Turismo de Andalucía -que en la actualidad se está negociando- regula por primera vez en la comunidad autónoma la vivienda turística con una decisión clara de que sean los ayuntamientos, la administración más cercana, los que inspeccionen el fraude que se da en esta oferta extrahotelera que va en aumento en los últimos años y que forma parte de la economía sumergida.

CCOO alerta de que la crisis hará aflorar aún más una oferta clandestina de alojamientos extrahoteleros en toda Andalucía, donde se calcula que hay 50.000 residencias que se comercializan de manera ilegal. Junto a Granada, en Almería, Huelva, Cádiz y, en mayor medida, Málaga existe el mismo problema. En la Costa del Sol las cifras alcanzan el 40% de la oferta total, según la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

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