El caso judicial de la supuesta trama de contratación ilegal en la Alhambra alcanza ya a 28 personas que están siendo investigadas y a las que el juez imputa siete posibles delitos, como la pertenencia a "organización criminal". Hasta 13 altos cargos del monumento y de la Junta de Andalucía están en esa lista de implicados, que se completa con "familiares y amigos" que habrían obtenido "suntuosos" contratos "amañados".

El último auto relativo a ese caso, firmado por el juez de instrucción Antonio Moreno hace sólo dos días, cifra en 5,8 millones de euros el posible "perjuicio para las arcas públicas" que esta trama "organizada, jerarquizada y concertada" habría provocado a lo largo de los años. Esa cantidad es el resultante de la suma de los múltiples contratos adjudicados a 9 empresas, al parecer de forma ilegal y sorteando todo tipo de advertencias y recomendaciones que llegaron al Patronato por parte de órganos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas.

En este documento judicial, al que ha tenido acceso Granada Hoy, el juez encargado de la instrucción del caso plasma las principales conclusiones de la extensa documentación e información remitida por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que lleva muchos meses investigando la dinámica de contratación de la Alhambra en los últimos años. Los agentes remitieron su informe al juez unos días después de llevar a cabo una sonada operación policial el pasado 8 de mayo, en la que fueron detenidas casi todas las personas que ahora aparecen en el auto judicial. Se llamó Colina Roja II, dado que es la segunda vez que la cúpula de la Alhambra era detenida en los últimos años, por hechos que guardan relación (la primera vez fue en 2015 por el caso Audioguías, lo que provocó la dimisión de la directora Mar Villafranca). Este último escrito del magistrado era tremendamente esperado, incluso por los propios investigados, para conocer los hechos y los delitos imputados.

El acceso a este auto permite conocer los nombres de los 28 investigados y los motivos por los que son objeto de las pesquisas. Además de los nombres que ya han trascendido públicamente, que son el de la anterior directora Villafranca, su número dos en el Patronato, Victoria Chamorro, y otro exdirectivo José María Visedo, la Policía y el juez sostienen que formaban parte de esa supuesta trama otra decena de altos cargos que en ese momento eran jefes de la mayoría de servicios y departamentos de la Alhambra, puestos ahí precisamente por su supuesta "connivencia". También se investiga a un letrado de la Junta de Andalucía conocido por su actividad política y de movilización ciudadana César Girón, que era el encargado de emitir informes para los expedientes de contratación de la Alhambra.

En base a los informes policiales entregados, el juez sostiene que hay "indicios objetivos" de la comisión de delitos de defraudación en la contratación, falsedades, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción negocial, y "todo ello de forma concertada" en una "organización criminal" para la "adjudicación fraudulenta de contratos públicos" y la creación de una "red clientelar de empresas y trabajadores del Patronato de la Alhambra y el Generalife".

La forma de adjudicar esos contratos, que en muchos casos correspondían a "necesidades ficticias" y ni siquiera se llegaban a prestar los servicios, era mediante tres posibles procedimientos (en función de la cuantía): contratos menores adjudicados "a capricho", negociados sin publicidad en los que se invitaba siempre a las mismas empresas (dos de ellas eran propuestas ficticias con cartas de renuncia previamente preparadas, para que sólo quedara una mercantil en la puja) y procedimientos abiertos (los mínimos imprescindibles) cuyos pliegos se habrían preparado para una "adjudicación a medida de la empresa" que era de "amigos o familiares" de los dirigentes del Patronato.

Los papeles más destacados que el juez otorga de entre los sospechosos de esta posible trama son el de la exsecretaria general del Patronato Victoria Chamorro y el del directivo José María Visedo. A ellos les atribuye la organización de esa supuesta "organización criminal", aunque con la "participación concertada e indispensable del resto" de investigados que además se habrían beneficiado.

Sobre la que era directora del organismo gestor del monumento, María del Mar Villafranca, el auto judicial destaca que "sería imposible justificar que lo que se ha venido produciendo se haya realizado sin su consentimiento", sobre todo al conocerse, por los mensajes de correo electrónico que tiene la Policía, que "era puntualmente informada de todo".