La incorporación de un centenar de auxiliares de conversación en los colegios de Granada, en el aire

"La continuidad del Programa Estatal de Auxiliares de Conversación en el curso 25/26 depende de que el Gobierno de España solucione la problemática generada por la disparidad de criterios entre los ministerios de Asuntos Exteriores, Educación y Trabajo". La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional deja en el aire la continuación para el próximo curso, que comienza en unos días, la inclusión de este recurso didáctico, los auxiliares de conversación, en colegios e institutos de Granada. Cada año, un centenar largo de estos auxiliares participaban en la rutina académica para colaborar en la enseñanza de un segundo idioma.

"Este programa es un pilar fundamental para la internacionalización de la educación no universitaria en Andalucía y la mejora de las competencias lingüística, plurilingüe y pluricultural", destaca la Consejería, que señala que la "descoordinación en el Gobierno" y entre los ministerios de Trabajo y Educación "pone en serio riesgo que Andalucía" pueda disponer de 1.806 auxiliares previstos, de los que un centenar largo irían a centros públicos granadinos gracias al programa.

Trabajo ha notificado a la Consejería dos actas de infracción por un montante de 5 millones de euros por "incorporar al territorio de la UE lo que el Ministerio de Trabajo califica como trabajadores extracomunitarios" y por las liquidaciones parciales de las cuotas de la Seguridad Social, ya que Trabajo entiende que existe relación laboral. Auxiliares de conversación que estuvieron en centros educativos en años anteriores han judicializado su situación para reclamar precisamente que se les reconozca esa vinculación laboral, periplo que ya ha tenido una sentencia favorable en Granada que fue recurrida por la Delegación provincial.

Desde la Junta se explica en un comunicado que el Ministerio de Educación es quien convoca cada año las plazas de selección de auxiliares de conversación extranjeros. Es el Ministerio, añaden desde Andalucía, quien asigna este recurso a las comunidades, que a su vez sufragan la mayor parte del gasto. A estos apoyos en el aprendizaje de una segunda lengua se les da ayuda para la manutención desde el 1 de octubre al 31 de mayo y se les suscribe una póliza de seguro.

"Las comunidades autónomas no intervienen durante la tramitación del procedimiento de selección del personal, ni tienen potestad para decidir al margen de las condiciones establecidas por el Ministerio, ya que las bases de colaboración vienen impuestas unilateralmente por el Ministerio", defienden desde la Junta. En el caso de los extracomunitarios, como es el caso de los estadounidenses, se requiere que estos auxiliares tengan un visado de estudios, cuestión que compete a Extranjería, no de trabajo.

"La consejera María del Carmen Castillo remitió una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que le expresaba su preocupación por la actuación impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación al programa de auxiliares de conversación y que a todas luces ponía en riesgo su continuidad. Le solicitó su intermediación para coordinar el trabajo necesario con los Ministerios de Asuntos Exteriores y Trabajo con el fin de garantizar que se pueda llevar a cabo en el próximo curso", añaden desde la Junta, que señalan que el secretario de Estado de Educación respondió que se trabajaba en un informe jurídico que "respaldara la legalidad" del programa tal y como estaba previsto e "invitaba" a Andalucía a sumarse al mismo de cara al próximo curso.

Después de estas comunicaciones en Sevilla se recibieron las notificaciones de Trabajo con las dos actas de infracción, situación que también se comunicó a Educación. Además de alegar a las actas de infracción, la consejera andaluza indicó que la intención de la región es continuar con el programa "siempre que se cumplan las garantías suficientes para que nuestra Comunidad Autónoma no se convierta en damnificada por la descoordinación entre distintos ministerios", señala el comunicado.

En junio del pasado año el juez de lo Social número 4 de Granada dio la razón a la Tesorería de la Seguridad Social en la demanda interpuesta contra la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una sentencia que declaraba la relación "laboral" entre 125 auxiliares de conversación y la Administración.