"Nunca jamás le he facilitado a nadie información de la Policía"

Acabar en el banquillo de los acusados no es una experiencia agradable para nadie, pero para un policía nacional tiene que ser especialmente duro. Ayer, Antonio L.M., un subinspector que prestó sus servicios para la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, tuvo que sentarse en el de la Audiencia, frente a un tribunal ante el que en otras ocasiones ya había desfilado, pero por su condición de funcionario policial y no como presunto delincuente.

El subinspector, de 54 años y que se encuentra en libertad provisional, negó todos los cargos formulados contra él por el Ministerio Fiscal, que le acusa de haber dado información policial a supuestos delincuentes y de haber colaborado con ellos en la comisión de delitos, y solicita que sea condenado a siete años de cárcel.

Durante su interrogatorio, el procesado aseguró que es "totalmente falso" que revelara datos confidenciales sobre personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. "Nunca jamás le he dado a nadie información de la Policía", manifestó, al tiempo que explicó que si realizó numerosas consultas en las bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) sobre determinadas personas o coches fue "por exceso de celo", y siempre en el marco de su labor policial.

En este contexto, indicó que algunas de las consultas que realizó a lo largo de 2006 estaban relacionadas con Francisco E.V., también procesado en esta causa y que era "confidente" suyo, pues "cuando una persona te está dando información tienes que hacer las gestiones oportunas para saber con quién te estás viendo". Así, tras enfatizar que "cualquier policía que se precie debe tener sus propias fuentes", añadió que la información que recababa de sus confidentes se la pasaba luego "al grupo que correspondiera". Entre otros ejemplos, el agente se refirió al conocido 'caso de la Paquitina', la traficante del polígono que simuló su muerte para eludir la entrada en prisión. En esa investigación, según dijo, fue él quien aportó importante información sobre la implicación del abogado que luego resultó condenado.

Otras de las consultas sospechosas que el subinspector realizó tenían que ver con Raimundo G.M., un individuo que "había atropellado a un compañero y le había partido las dos piernas", motivo por el que, según dijo, estaba siendo muy controlado, y no sólo por él, sino por todos los miembros de la Brigada.

Sobre su supuesta colaboración con Francisco E.V. y el resto de encausados para la ejecución de un secuestro que finalmente fracasó o para la comisión de otros delitos como el robo de alijos de droga, dinero o joyas en poder de presuntos 'narcos' a cambio de una compensación económica, el agente tildó dicha acusación de "barbaridad", garantizando que es "totalmente falso". Es más, señaló que si hubiera sabido que Francisco E.V. estaba organizando un secuestro "hubiera sido el primero en detenerlo".

El funcionario policial puso de relieve que nunca había tenido ningún problema en el desempeño de su labor, a la vez que detalló que a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido varios reconocimientos, una medalla e incluso la felicitación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Yo no soy capaz de perjudicar a mi trabajo", dijo con vehemencia.

Antonio M.L., que se encuentra actualmente suspendido de sus funciones, estuvo desempeñando su labor en el grupo de Estupefacientes y de Robo de Vehículos en las fechas en las que se produjeron las supuestas ilegalidades que se le imputan, por las que se enfrenta además al pago de una multa de 7.200 euros e inhabilitación por tiempo de diez años. Su detención se produjo tras una investigación llevada a cabo por Asuntos Internos, que practicó una serie de escuchas telefónicas, sobre cuya nulidad se pronunciará la Audiencia en la sentencia que dicte una vez terminado el juicio, tras haber sido solicitada por su defensa al inicio de la vista.

El subinspector comparte banquillo con otros cinco hombres, de entre 25 y 47 años, a los que también se les imputa un delito de conspiración para cometer un secuestro, por el que cada uno de ellos se enfrenta a tres años de prisión. Ayer, ante el tribunal, todos reconocieron los hechos por los que han sido procesados, si bien ninguno de ellos quiso responder a las preguntas del fiscal ni a las de sus defensas. Según explicó a los periodistas uno de los letrados defensores, Francisco Mateos, los acusados admitieron su culpabilidad tras haber llegado previamente a "un acuerdo con el Ministerio Fiscal", en virtud del cual se les rebajará la pena, pues se aplicará una atenuante. El letrado, que no quiso desvelar los detalles del acuerdo "por respeto a todos los implicados", sólo admitió que "una conformidad implica lógicamente un trato más favorable para aquél que reconoce los hechos".

Este juicio se tenía que haber celebrado el 3 de octubre del pasado año, pero tuvo que ser aplazado por la ausencia de dos de los siete acusados. Uno de ellos, José Antonio R.R., tampoco se presentó ayer, al no haber podido ser localizado. Pese a ello, el tribunal acordó que se celebrase la vista, que continuará mañana miércoles, y cuando se encuentre al acusado ausente será juzgado en solitario, tal y como apuntó su defensa, el letrado Gonzalo Pérez del Castillo.