¿Quién es Juan María Rivas, el concejal de Vox que ha desatado la polémica al justificar el crimen machista de Albuñol?

El municipio de Albuñol se ha puesto esta semana tristemente bajo los focos informativos después de confirmarse el segundo asesinato por violencia de género en la provincia (el séptimo de Andalucía) este año. Pero dentro de ese foco surgió un segundo, el que apuntaba a Juan María Rivas, único concejal de Vox en el municipio cuyas declaraciones sobre la culpabilidad de la víctima lo envolvieron en una polémica, obligando incluso al partido a desmarcarse de estas declaraciones.

Estas afirmaciones, realizadas antes de hacerse oficial el asesinato machista, han hecho que el nombre de Juan María Rivas resuene por todo el país, pero a un nivel más local, sus vecinos de Albuñol a buen seguro ya conocían al edil, pues fue el regidor del municipio desde 2011 hasta principios de 2014, aunque en aquella ocasión defendía los colores del Partido Popular y no los del partido de Santiago Abascal.

Poco más de media legislatura (concretamente dos años y nueve meses) ocupó el cargo de alcalde Rivas, pero fue tiempo más que suficiente para dejar una fuerte impronta en sus conciudadanos, una huella forjada, como ahora, a base de polémicas, comenzando por su propia victoria. El Partido Popular llegó a la Alcaldía pese a ser segunda fuerza política (4 concejales) gracias al acuerdo con Convergencia Andaluza (3 concejales), superando así a la lista más votada, el PSOE (5). Pese a todo, la unión se rompería a las dos semanas, dejando a los populares en un débil equilibrio que terminaría, a la postre, por condenarlos.

La moción de censura, que en marzo de 2014, llevaría la Alcaldía a manos socialistas, estaría más que justificada por la mala gestión del Consistorio, que llegó a estar al borde de la quiebra en 2011, ocasionando una situación berlanguiana donde los policías tenían que desplazarse en autobús al no disponer de dinero para la gasolina del coche patrulla.

"Nos vemos obligados a usar el autobús para ir a La Rábita, pero el horario nos hace ir a las 10:00 y volver a las 12:00 horas, por lo que no nos da tiempo a hacer un recorrido rutinario normal", explicaba en aquella época Miguel Santiago, jefe de la Policía Local de Albuñol, quien también explicaba que las llamadas del 112 debían ser derivadas a la Guardia Civil.

Esas declaraciones se realizaron en noviembre de 2011, tercer mes en el que los empleados municipales no cobraban sus nóminas, por lo que el descontento se extendía a otros profesionales, como los profesores. De hecho, Luz María Gómez, docente en La Rábita se estrenó en su nuevo puesto el mismo mes en que el Consistorio cortó el grifo, quien reconoció verse obligada a vivir con sus padres al no tener dinero para independizarse.

Amago de cerrar el Ayuntamiento

La situación en el Ayuntamiento llevó a varios trabajadores a plantear movilizaciones en protesta por los impagos, una situación que Rivas achacaba a que Hacienda no había abonado el ingreso de la participación de los impuestos, unos 98.000 euros, pero la realidad era que el propio Consistorio tenía una deuda con este organismo que superaba el millón de euros.

Rivas, que reconoció que no iba a solicitar más créditos porque no estaba seguro si podría devolverlos, llegó incluso a plantearse cerrar el Ayuntamiento y "entregar la llave a quien corresponda", sino se ponía solución al problema "porque nuestra preocupación no es solamente las nóminas" que se adeudaban a los trabajadores públicos.

Pero, una vez más, fue la Policía Local quien se llevó la peor parte de la legislatura del popular. Rivas decidió convertirse a sí mismo en agente de policía -el agente 5.000 y eso que el cuerpo del municipio apenas superaba la decena- y poner multas a los propios vecinos. Esta situación provocó que los agentes auténticos llevaron a los tribunales por prevaricación, falsedad documental y usurpación de funciones al regidor, aunque el juzgado mixto número 4 de Motril acabaría archivando la denuncia al no encontrar indicios de delito.

El futuro de la Mancomunidad, en el aire tras romperse el pacto

Aunque de forma secundaria, la ruptura del pacto de gobernanza entre PP y Convergencia Andaluza tuvo su repercusión en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, en la cual debía haber dos vocales por parte de Albuñol, que corresponderían a PP y CA, pero ruptura hizo que finalmente los socialistas acompañasen a Convergencia en este organismo supramunicipal. Era el primer paso del entendimiento entre ambas partes que terminaría en la moción de censura.

En aquella ocasión, Juan Cara, número 1 de CA, lo explicaba así: "Hasta ahora el reparto era uno CA y uno PP, pero si el acuerdo está roto, está roto para todo"; una sentencia que el propio Rivas corroboraba afirmando que si hubiesen seguido con el pacto, nada habría cambiado, aunque amenazó con recurrir la decisión.

Un recurso que finalmente llegaría a buen puerto cuando Convergencia decidiese acatar la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Granada, que obliga a que un vocal sea del PSOE y el otro del PP, por lo que CA renunciará a su representante y los populares recuperasen así su vocal perdido.

La moción de censura

Pese a todo, con sentencia o sin ella, los puentes tendidos entre Convergencia y PSOE se mantuvieron firmes y en febrero de 2014, siete concejales (nueve de la oposición para un total de 13) registraron una moción de censura en el Ayuntamiento, como "primera fase", en palabras de los socialistas, para que se produzca un cambio en la localidad, el cual se encarnaría en María José Sánchez, que también fue alcaldesa en el periodo 2009-2011 con el PSOE.

Para la oposición fue determinante su actitud "prepotente", "autoritaria" y la "ausencia de democracia y de libertad de expresión", imperante en los plenos, que han lamentado todos los grupos políticos, incluso Convergencia Andaluza, que en principio firmó un acuerdo de gobierno con el PP, que luego rompió. También alegaban la parálisis que existía en el propio Consistorio, expresada por Rivas cuando se quejaba, una y otra vez, de que le echaban por tierra todas sus iniciativas al no tener fuerza suficiente para sacarlas adelante (sin el apoyo de CA gobernaba en minoría con cuatro concejales).

La llave de todo este proceso la tenía Convergencia, que también vivió su propia aventura durante la legislatura, pues la comenzó con tres concejales y a estas alturas de la película solo contaba con uno, después de que una edil fuese expulsada por parte de la dirección.

Con estas cartas sobre la mesa, los cinco concejales del PSOE, el de CA y el independiente de La Rábita se sumaron para desbancar al PP, quien anunció sin embargo su intención de impugnar el acuerdo al considerar que no se ajustaba a la legalidad.

Pese a todo, la moción salió adelante sin el apoyo lógico del PP y una concejal de CA, que abandonaron el pleno, y la vara de mando pasó a manos de María José Sánchez (PSOE), quien reiteró los motivos de la iniciativa en la "absoluta paralización en la gestión" que, según señaló, sufre el municipio, y la actitud "autoritaria" del hasta ese momento regidor.

Sánchez, que aún se mantiene en el cargo tras revalidarlo en 2019, se comprometió a "gobernar en este tiempo que queda, bajo tres premisas fundamentales: la humildad, el respeto y el trabajo intenso.

De esta forma acababa la carrera municipal de Rivas, al menos hasta ese mismo 2019, cuando en vísperas de las municipales, Vox anunció que lo había fichado para sus filas. La ultraderecha fue entonces la segunda fuerza más votada del pueblo, por detrás del PSOE.