La jueza de Instrucción 2 dictó un auto el pasado 24 de octubre en el que decidía mantener abierta la causa que investiga la construcción del pabellón Mulhacén, una de las piezas separadas del caso Nazarí que investigaba la gestión urbanística de la etapa de alcalde de José Torres Hurtado (PP). Así, ha rechazado el sobreseimiento que pedían los acusados, y el propio Ayuntamiento pese a ejercer la acusación, y la causa está encaminada a juicio oral.

Así lo ha dado a conocer hoy el portavoz de UP, Antonio Cambril, y el abogado del grupo municipal, Salvador Soler, que han detallado los últimos movimientos sobre esta pieza, en la que se personaron como acusación por entender el perjuicio que supuso para la ciudad.

"La jueza de instrucción confirma la petición de UP y de la fiscal contra el archivo de la causa", donde "el Ayuntamiento se posiciona sorprendentemente a favor. Pese a que es acusación está ejerciendo como defensa, por lo que es un contradiós", ha asegurado Cambril. "No entendemos cómo el Ayuntamiento, que debería defender intereses ciudadanos, ejerce de abogado defensor teniendo en cuenta que podría ser condenado a pagos millonarios. Curiosamente la misma posición que tuvo en TG7, donde también se ha abierto un juicio oral", matiza.

Cronología de las alegaciones

Cronológicamente, fue el 1 de septiembre cuando representantes de la exconcejal de Urbanismo del PP Isabel Nieto piden el sobreseimiento de la causa. El 5 de octubre, el Ayuntamiento de Granada alega y se adhiere a la petición de Nieto y del resto de acusados. El 7 de octubre el grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes presentó alegaciones oponiéndose al sobreseimiento.

"UP plantea que se modifica el contrato de la concesión sin el procedimiento legal que permite la modificación de la parcela. Por otra parte, no se da publicidad al cambio, por lo que nuestros abogados plantean la existencia de una posible prevaricación. Si esa prevaricación existe ocasionaría un perjuicio económico a la ciudad en caso de condena con costas millonarias e indemnizaciones también", explica Cambril.

Según argumenta UP en su escrito, "al no haber informe de asesoría jurídica, los actos de las personas investigadas escaparon al control municipal. Muestra de ello es que la directora de urbanismo y una responsable de asesoría jurídica se negaron a firmar estos documentos, que tuvo que firmarlos una tercera persona", motivos, entre otros, por los que consideraron que procedía el sobreseimiento.

Fue el 19 de octubre cuando la Fiscalía informó al juzgado "que no procede el sobreseimiento de la causa porque existen indicios racionales de la perpetración de los delitos". Además, considera que "las alegaciones que piden el sobreseimiento son alegaciones de defensa" y añade que "el archivo se decidirá o no en el momento procesal oportuno".

Finalmente, el pasado 24 de octubre la jueza decreta que procede mantener abierto la causa y rechaza el sobreseimiento. Entre sus argumentos, según detalla Cambril, considera que "el objeto de la presente investigación viene indicado por el hecho concreto de la existencia de una alteración o merma en la parcela en cuestión sin que por parte de los investigados se haya respetado el proceso administrativo con la debida publicidad y el presunto favorecimiento al empresario investigado, lo que llevaría un perjuicio para las arcas municipales en caso de resolución condenatoria". Incide también en el presunto acto prevaricador que supone obviar el hecho de permitir una construcción "a sabiendas" de que se han alterado las reglas. 

En definitiva, la jueza indica que sigan las investigaciones y que hay indicios criminales como para no archivar aún la causa, por lo que el intento de archivo de la defensa no ha sido tenido en cuenta y seguramente la pieza acabará en la audiencia provincial porque este auto es recurrible en apelación, ha explicado el abogado. 

Ahora "quedan algunas diligencias periciales pero ya el asunto está más que claro por los indicios que hay. Llegado el momento, la jueza tendrá que decidir si abre juicio oral mediante un auto en el que dirá si ha habido delito y en el que abrirá el procedimiento del juicio". 

"La ley establece un límite temporal que no se puede sobrepasar a no ser que se amplíen porque quede algo por ultimar en la investigación. Una vez hechas las diligencias en ese plazo la juez debe ultimar y concluir la investigación y proceder a la siguiente fase, convertirlo en un procedimiento abreviado por delito grave, hacer la petición de escritos de acusación y defensa y abrir juicio", explica Soler, que lamenta que la defensa esté recurriendo todo desde el principio, lo que retrasa el procedimiento, una estrategia que están siguiendo.