La Audiencia de Granada ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por el caso audioguías de la Alhambra, que ha sentado en el banquillo a la excúpula del Patronato de la Alhambra y el Generalife y al responsable de la empresa concesionaria del servicio. Se les juzga por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación, por los que se enfrentan a penas de hasta 5 años de cárcel.

La exdirectora del Patronato, María del Mar Villafranca, que tuvo que dimitir por este caso y que ha dicho sentirse "perseguida" con este procedimiento, ha sido la primera en declarar. A su llegada al edificio judicial se mostró tranquila y esperanzada en demostrar que actuó conforme "a la legalidad". "Después de siete años y medio con toda la prudencia vengo convencida de que todo se va a aclarar, que todas las actuaciones fueron conforme a la legalidad, con todas las garantías de los letrados que ahora ejercen curiosamente la acusación particular, y del interventor, por lo que esperemos que se llegue la luz que todos queremos y se termine esta pesadilla".

En su declaración ante el juez ha explicado, interrogada por el fiscal, cómo fue el procedimiento para otorgar el contrato del servicio de audioguías a la empresa Stendhal, por lo que se sienta en el banquillo acusada de prevaricación y malversación. Villafraca ha basado su línea de defensa en la diferenciación entre ella como directora y la dirección del Patronato, porque ella no participó en las mesas de contratación ni en la elaboración de pliegos, en que firmaba lo que le ponían confiando en la revisión previa por funcionarios, jefes de servicio y el aval de asesoría jurídica e intervención y en que seguía los mandatos del Pleno del Patronato (en el que forman parte las distintas administraciones, como la Junta y el Ayuntamiento) en el caso concreto de la prórroga del contrato a la empresa pese a la deuda de más de 600.000 euros que mantenía con el Patronato.

Se enteró cuando la deuda era de 600.000 euros

En el juicio se ha dejado claro la falta de personal en los servicios de la Alhambra de los que dependía el contrato, tanto su redacción como su control. De hecho, Villafranca ha asegurado que no le dijeron nada directamente desde el área que controlaba el seguimiento del mismo. "Tuve conocimiento cuando preparaba la documentación para el Pleno porque afectaba a los ingresos y supe de la alta deuda. Ahí tuve conocimiento". Entonces la deuda alcanzaba ya los 600.000 euros. 

Preguntada por el fiscal sobre la urgencia que motivó el concurso del servicio cuando no había acabado aún el de la anterior empresa, Villafranca ha explicado que la anterior concesionaria había sido absorbida por otra empresa mayor y no podía firmar una prórroga, además de que quería presentarse a un nuevo concurso con nuevos medios más modernos. "Es muy raro que yo firmara algo sin estar motivado por una memoria o con una motivación previa", ha defendido la exdirectora, que ha repetido en varias ocasiones que confiaba en el respaldo de la asesoría jurídica, de la intervención y de los funcionarios. 

Villafranca ha dicho que no participó en la mesa de contratación ni conocía los pliegos. De hecho, el fiscal ha incidido también en la diferencia de cantidades en el canon fijo y variable recogidas en la resolución de la adjudicación y en la firma del contrato, lo que Villafranca ha achacado a un posible error material del que no se dio cuenta "porque no lo leí. Firmaba más de 5.000 papeles al día. Si había un error material me limité a firmar con la confianza en las distintas personas por las que pasa el documento que no corrigieron la cantidad". Pero aclara que esto "no tuvo ningún efecto aunque pudiese parecer raro porque en la facturación siempre se tuvo en cuenta la cantidad de la resolución", que era superior a la reflejada en el contrato. 

Villafranca, con su abogado a la llegada al juicio.

Una vez visto el error, del que se enteró en 2010, Villafranca dice que dio orden de modificarlo, algo que permitía la ley de contratos, lo que se hizo ya en septiembre de 2011, a pocos días de la prórroga del contrato. ¿Por qué no antes?, preguntó el fiscal. "Por cuestiones de la administración. Se me dijo que se podría corregir y me quedé tranquila porque las facturas también iban en esa línea". Y firmó "porque tenía que firmarlo". Villafranca ha dicho en su declaración que tenía conocimiento de que la empresa era "mal pagadora" y se le pidió liquidación trimestral "para mayor garantía y control del interés público". 

La exconcejal Isabel Nieto, clave

La exdirectora del patronato ha relatado que en las decisiones sobre la prórroga del contrato a la empresa a pesar de las deudas, seguía los dictados del Pleno del patronato. En el pleno de 2010 consta en acta que fue la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Nieto, quien "se interesó por el volumen de la deuda", lo que fue "motivo de discusión en la sesión". "Ella decía que la deuda era preocupante" y se le explicó que "se compensaban las pérdidas con el superávit de la Alhambra, que era de más de 13 millones de remanente de Tesorería. "La concejal pidió que para aprobar las cuentas se presentara una liquidación con un certificado de la Intervención y así fue pedido", relata Villafranca. 

Al año siguiente se liquidaban las cuentas de 2010 y se informó en el Pleno que la Secretaría General había comunicado que con el visto bueno de la Intervención se le habían retenido pagos con otros contratos "y pedimos un reconocimiento de deuda que se admitió para que se reconociera y luego poder compensar". Porque aunque la empresa debía dinero a la Alhambra, la Alhambra también les debía a ellos por otros contratos.

Sobre el procedimiento ante la elevada deuda, Villafranca ha aclarado que "nosotros queríamos llevar a vía de apremio y queda rastro de ello. Hubo nuevos pliegos y todo se encaminaba a esa idea. Pero puesto que afectaba a los ingresos tenía que tomar la decisión el Pleno". En Pleno se explicó a preguntas nuevamente de Nieto, que dijo que la deuda "sería incobrable y el Pleno nos instó a que se intentara cobrar al menos el 50% de la deuda" a través del reconocimiento de deuda, que llegó a haber dos. 

Así, defiende que la prórroga del contrato se hizo como "garantía para cobrar con un plan de pagos". Además, "la empresa nunca dejó de decir que quería pagar y no dejó de prestar el servicio. Tenían problemas de cash porque las administraciones no le pagaban". 

Si no se cumplía es plan de pago, "iría a vía de apremio" y a rescindir el contrato, pero no se hizo porque "me debía a los acuerdos del Pleno". "Intentamos ser responsables con el acuerdo del Pleno y en función de eso se actuó", defiende la exdirectora, que aclara también que en defensa de la actuación del Patronato, ellos intentaron "presionar" a la empresa y pedirle el cien por cien, por lo que incluso la empresa les mandó un burofax acusándoles de "acoso". "Queríamos quitar la deuda porque había elecciones y se habló también de no dejar una deuda así", añade.

De hecho, se envió una carta a la empresa "para apretar" y que en lugar de tres meses pagara en un mes para conseguir el pago, lo que ha confirmado la Secretaria General en sede judicial.

La empresa pagó su deuda en tres cheques

Al año siguiente, nuevamente a preguntas de la concejal Nieto, "se dijo que ya se había pagado el 100%, con reconocimiento de deuda y compensación" por más de 400.000 euros en dos reconocimientos, tema clave en el juicio y que ha ocupado gran parte de las preguntas del fiscal y del abogado de la acusación de la Junta de Andalucía. "Al final hubo retrasos pero se pagó todo, 500.000 euros en tres cheques, lo que se estimó en el plan de pago". "Lo que se compensó  fue el servicio de call center, que se había olvidado. Con haber comprobado la factura, se habría aclarado. Podría haber sido corregido. En el sumario vi que la factura era del call center y luego la otra de las signoguías", aclara Villafranca sobre los dos reconocimientos de deuda, clave en la acusación de este juicio. Acuerdos de compensación de deuda que llegaban de la Secretaría General en consonancia con la Intervención.

Villafranca ha negado cualquier responsabilidad en el seguimiento del contrato o la forma de control de la gestión económica del monumento y ha asegurado que también había trabajo de funcionarios que dejaba mucho que desear, "no eran todo lo dirigentes" que debían. De hecho, en el juicio se ha hablado mucho sobre un trabajador de la sección de Ingresos encargado teóricamente de controlar el seguimiento del contrato y las facturas de la empresa que, según Villafranca, en 2014 cuando ya se conocía la investigación "empezó a emitir informes con las mismas claves y cambió su modo de trabajar" pese a que ese mismo trabajador años antes había dicho que no había nada reseñable, que "todo lo demás estaba correctamente". "¿Se estaba autojustificando este trabajador?" ha preguntado el juez. "Sí", ha respondido Villafranca, que ha añadido que ya en 2014 llegó "el informe bomba" con todos los datos.

Villafranca, que ha negado vinculación alguna con la empresa o su responsable, ha concluido insistiendo en que el Pleno tenía conocimiento de la prórroga del contrato y que de hecho fue establecida como garantía de pago, que hay tres documentos que dan garantía de la legalidad y que el Pleno también conocía la compensación en 2012 y que no se puso en duda. También se ha dicho que en ese Pleno estaba el delegado de Hacienda de la Junta, que tuvo papel "asesor" importante y que no advirtió que no se podía compensar, de hecho animó a ello. El interventor tampoco se opuso a nada y las auditorías de la Cámara de Cuentas se pasaron sin problemas.  

Otros acusados

En el banquillo de los acusados se sienta también la anterior secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, y el exresponsable de Economía del Patronato J. M. V. y  el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías, Stendhal Musemum Solutions SL (antes GTP Museum Solutions), A.A.L.R., acusado también de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Chamorro ha declarado también en esta primera jornada y la acusación le ha preguntado para intentar aclarar el tema de los reconocimientos de deuda, las compensaciones y la prórroga del contrato. Chamorro ha defendido que planteó reclamar intereses e ir por la vía de apremio así como rescindir el contrato, para lo que elaboró los nuevos pliegos. Chamorro ha defendido también que la falta de personal impedía estar más al detalle en la supervisión de los documentos pero ha defendido su actuación advirtiendo que fue ella la que sospechó de la forma de llevar la contabilidad del mismo trabajador mencionado por Villafranca y que pidió a Visedo "que de alguna manera le ayudara" porque vio que se estaba haciendo un control demasiado casero. 

Chamorro ha dicho que advirtió de que la oferta de la empresa era temeraria pero al alza aunque se dejó continuar hasta la tercera mesa de contratación, en la que no estuvo por vacaciones. "En las diligencias vi que en el acta no se mencionaba. La mesa lo debería haber considerado, convocado al licitador y apuntar esa garantía para asegurar que iba a cumplir, pero no se reflejó". Sobre la posibilidad de rescindir el contrato, ha defendido que excede de sus competencias y que es responsabilidad del órgano de contratación. Al igual que Villafranca, ha dicho que confiaba en que los servicios jurídicos revisaban los pliegos y el área de contratos. "Le dije que era conveniente resolver el contrato y teníamos poco margen de tiempo. Me dijo que como había deuda se sentía más segura de llevarlo a Pleno" y así lo hicieron. Y ha constatado también que nadie recurrió ni impugnó el resultado de la licitación".

Mañana martes está previsto que el juicio, fijado para otras diez sesiones y en el que ejerce la acusación particular la Junta de Andalucía -como parte perjudicada a través del Patronato de la Alhambra- y la popular el Ayuntamiento de Granada, continúe en la Audiencia con la declaración del que fue jefe de contabilidad del monumento nazarí y el empresario de la empresa que logró la adjudicación de las audioguías.La Fiscalía ha solicitado de forma provisional una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era su secretaria, y diez años de prisión para el empresario responsable del servicio, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.