Juicio a la 'cooperativa de la droga' de Granada: piden seis años de cárcel y multas de tres millones para 11 personas por traficar para toda Europa

Tenían montada una gran estructura criminal ubicada en Granada para para comprar, cultivar, almacenar, transportar y distribuir droga por toda Europa y blanquear el dinero que ganaban, a traves de sociedades y la compra de bienes e inmuebles. Una auténtica 'cooperativa de estupefacientes' que ahora llega a juicio. La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión y una multa de casi tres millones de euros a un total de 11 acusados, responsables y beneficiarios de este negocio, por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

El juicio por esta trama a la organización criminal se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada del 9 al 12 de septiembre, según el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico. En total, se sentarán en el banquillo de los acusados 11 personas, siendo algunas de España y otras del extranjero, y teniendo varias de ellas antecedentes.

Nueve de los once acusados estaban integrados en una estructura organizada, la 'cooperativa de la droga', formada por casi un centenar de personas. Desde el año 2015 se encargaban de comprar, plantar, guardar, movilizar y repartir las sustancias estupefacientes por toda la Unión Europea. En concreto, los envíos los realizaban a Polonia, donde otra organización local, de la que salen los otros dos acusados, estaba vinculada a esta 'cooperativa' y se encargaba de la recepción y distribución de la droga por Europa central.

Estructura empresarial para vender droga

Según detalla el escrito de Fiscalía, la organización criminal estaba perfectamente estructurada, y cada uno de sus once miembros tenía diferentes tareas asignadas para el correcto funcionamiento de la cooperativa. Debido a la complejidad que tenían ha sido complicada tanto su rastreo como su desarticulación

El dirigente principal de la 'cooperativa' de la droga en España era el acusado bajo las siglas E.S.D., quien intermediaba en la compra de partidas de marihuana entre la organización polaca y los cultivadores de género en España "a cambio de un porcentaje de 10 céntimos de euro por gramo". Además, aportaba la infraestructura necesaria para el almacenaje y envasado de la marihuana, la logística para el transporte hasta Europa, el contacto directo con la organización en Polonia y toda la seguridad necesaria durante todo el proceso.

Junto a él, también realizaba las mismas labores otro de los acusados, bajo las siglas J.D.S.S., cobrando el mismo porcentaje por gramo, y además encargándose de las labores de lanzadera en el transporte de la marihuana. A veces incluso él mismo realizaba las labores de transporte, llegando a disponer incluso de armas de fuego.

Tanto E.S.D. como J.D.S.S. tenían a una acusada, M.F.L.M., que les hacía labores de apoyo, siendo una especie de 'secretaria' de la 'cooperativa de la droga'. Según la Fiscalía, esta realizaba labores de custodia de armas de fuego y tareas relacionadas con la compra-venta de cocaína.

Además, los dos principales cabecillas tenían a otro hombre de confianza, el acusado bajo las siglas R.F.A., quien realizaba compra de partidas de marihuana a cultivadores o intermediarios, para después almacenarla y venderla a un precio mayor tanto a la organización polaca, cobrando 10 céntimos de euro por cada gramo de marihuana negociada dentro de sus labores de intermediario. También aportaba la infraestructura necesaria para envasar la droga, los domicilios usados para cultivarla y llevando esa droga a la zona de transporte antes de enviarla a Europa.

Otros dos acusados, A. G.J. y su mujer, E.M.C.H., eran quienes aportaban marihuana a la organización, realizando transportes desde propiedades de otros clanes de la drora de Granada hasta las diferentes bases y guarderías de la 'cooperativa', realizando tambien compras de marihuana a intermediarios y a cultivadores y quedándose con un porcentaje.

Por otra parte, en la organización también operaba la acusada bajo las siglas E.S.C., quien lideraba un grupo independiente de personas dedicadas a la compra de partidas de marihuana a cultivadores o intermediarios, para después almacenarla y venderla a un precio mayor a otros intermediarios y organizaciones criminales del extranjero. También hacía de intermediaria, como los otros dos acusados, cobrando el mismo porcentaje por gramo, además de localizar domicilios donde ubicar las plantaciones de cannabis y explotarlas a modo de sociedad.

Uno de los acusados de la organización criminal, D.S.A., cultivaba y administraba partidas de marihuana, buscando domicilios y ubicaciones para realizar las plantaciones indoor y exteriores del cannabis, y además escondía los vehículos de la organización para que no fueran detectados. Y por último, la acusada con las siglas J.D. colaboraba con la cooperativa como guardiana de la droga, "almacenando material estupefaciente en su propio domicilio", según la Fiscalía.

A estas nueve personas dentro de la estructura de la cooperativa hay que sumarle otros dos acusados más: J.P.J., el dirigente principal de la organización en Polonia, que realizaba la compra de partidas de marihuana en España con la colaboración de su esposa (B.M.W.) y J.D.B., su colaborador directo en las compras de la droga, y quien por su implicación también está acusado.

Blanqueo del dinero procedente de la droga

Según la Fiscalía, los acusados realizaron operaciones de compra de bienes muebles e imuebles "absolutamente incompatibles con sus fuentes de renta lícita", invirtiendo en dichas operaciones el dinero procedente de la cooperativa de la droga. Destaca que entre 2015 y 2020, los acusados realizaron operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles "de gran calado económico" a pesar de carecer de fuentes de renta para realizarlas. "Los acusados no se limitaron al mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias, sino que realizaron operaciones de ocultación y retorno de las ganancias para introducirlas en el ciclo económico legal", asegura el escrito.

Estos movimientos los hicieron constituyendo sociedades a través de las cuales canaliza el dinero mediante transferencias con aparente aspecto de legalidad, comprando coches y viviendas a precios muy inferiores de mercado para después venderlos por más dinero y justificar el beneficio de las compras, adquiriendo décimos de lotería premiados con dinero en efectivo y contratando préstamos para después cancelarlos con el dinero ilícito.

El acusado J.P.J., alquiló una nave en 2015 en el Polígono Industrial La Fuente de Fuente Vaqueros, en el Área Metropolitana de Granada, y junto a los acusados J.D.B. y J.A.G.M. constituye en ella la sociedad Biomasa 2015 JJ SL, nombrándose administrador y haciendo diferentes ampliaciones de capital hasta su disolución y liquidación en 2018. Por su parte, E.S.D. constituyó en 2016 la sociedad Carruajes Sancho SL y la utiliza para realizar transferencias a la empresa polaca Poj-kom Import-Export. Este, además, utilizó a su esposa, B.M.W, para constituir junto a otros acusados, concretamente A.G.J. y E.M.C.H. la sociedad La Clave SC, arrendando a través de ella locales en Granada y siendo usada para la legalización de casi 37.000 euros procedentes del tráfico de drogas.

Usando estas cuatro empresas, y mediante diferentes movimientos financieros a lo largo de los años, los once acusados consiguieron blanquear todas las ganancias conseguidas con la cooperativa de la droga que mantenían, y tratar de escapar así del control financiero y policial. Además, durante esos años todos los acusados compraron un total de cinco coches, tres motocicletas, una moto de agua, tres casas, dos naves industriales y cuatro parcelas rústicas, y además adquirieron tres hipotecas, dos premios de lotería y hasta 30 préstamos para ayudar a legalizar el dinero.

Según la Fiscalía, el total del patrimonio no justificado y, por tanto, aflorado por parte de los once acusados "asciende a una cuantía de 983.367,89 euros". Además de la pena de cárcel y la multa que se les impone, el Ministerio Fiscal pide el decomiso de los vehículos, inmuebles y dinero intervenidos durante la investigación.