La Junta confía en tener este mes el proyecto básico de adaptación del Cubo a Ciudad de la Justicia

Como cada vez que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visita Granada, este jueves ha sido preguntado de nuevo por la prensa sobre la Ciudad de la Justicia de Granada, el proyecto de adaptación del edificio del Cubo a sede judicial y los plazos. Y Nieto ha dicho que se puede cumplir con la idea inicial de que este mes de febrero esté el proyecto básico que va a sustentar la readaptación del Cubo, su cambio de uso bancario a sede judicial, un proyecto que está realizando la firma granadina Fresneda & Zamora, que ganó el concurso de ideas.

Según Nieto, la idea de la Consejería es tener el proyecto básico para presentárselo a los operadores jurídicos y que lo conozcan para tener un periodo de alegaciones "informal" de los espacios para que el proyecto definitivo de ejecución "sobre el que licitar las obras cumpla todas las expectativas y sujerencias de uso" de los profesionales que lo van a utilizar: jueces, fiscales, letrados y demás personal judicial.

El consejero ha instido en Granada, en una visita al TSJA para participar en la comisión mixta, que "todo el proyecto y el proceso se ha basado en un diálogo permanente y en la confianza" y espera que "todo se siga haciendo así, de la mano", en un edificio del Cubo que ha supuesto una gran inversión tanto en la compra como en la próxima adaptación para que además "seamos capaces de desarrollarlo en los plazos que nos marcamos, que era un horizonte de que la primera fase estuviera antes de final de 2028 o principios de 2029, y se mantiene el reto para que se cumpla".

El 26 de noviembre de 2024 la Junta de Andalucía formalizó la compra del Cubo a Caixa Bank para unificar las sedes judiciales en una Ciudad de la Justicia con dos edificios: el del Cubo en un primera fase y otro de nueva construcción que se levantará en un solar próximo cedido por el Ayuntamiento de Granada junto al Forum.

Más personal para Justicia

La Junta ha analizado en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia para crear 500 plazas de jueces en España que prevé destinar a Andalucía 95. Una cifra “muy alejada” de las 158 que tanto el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, como el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consideran que necesita la comunidad ante las “carencias históricas” que arrastra, sobre todo tras un año en blanco en el que el Gobierno no creó ninguna para la comunidad andaluza. Además, ambos han cuestionado el sistema para garantizar que las plazas anunciadas se cubran.

El pasado mes de diciembre Junta y TSJA estimaron que Andalucía necesita 158 jueces más. Asimismo, la distribución de las plazas previstas para la comunidad desatiende partidos especialmente saturados mientras contempla más jueces para otros donde no es tan necesario. De ahí la reunión de hoy para analizar las divergencias entre la propuesta estatal y las necesidades reales conforme a las cargas de trabajo con el fin de presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto.

Para Nieto, también genera dudas cómo se va a garantizar la provisión de las plazas anunciadas antes del 31 de diciembre de 2026. “Nos tememos que la cobertura de un número importante de esas plazas no se haga por oposición, que es la fórmula más objetiva que garantiza la calidad del servicio público, y que no se cubran las plazas más imprescindibles”, ha añadido.

A su juicio, “en lugar de 500 plazas en un ejercicio sería más sensato 750 en tres años, ya que permitiría crear un sistema de formación de opositores para sacar adelante una oferta de esas dimensiones”.

Por su parte, el presidente del TSJA ha coincidido con Nieto en que “es importantísimo saber cómo se van a cubrir las plazas anunciadas y en qué plazo” así como el criterio del Ministerio para el reparto porque “en algunas provincias la propuesta es deficitaria y en otros no está justificada y hay que priorizar”.

Durante la reunión también se ha abordado la implantación de la tercera fase de la reforma judicial impuesta por el Ministerio con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta a los 12 grandes partidos judiciales andaluces (las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril) y donde trabajan casi 5.400 funcionarios