La Justicia de Granada mantiene su dependencia del papel: compra de 10,7 millones de folios al año en plena digitalización

La reducción del uso del papel en las administraciones está en las agendas desde hace años pero todavía no ha llegado. Y hay áreas en las que este objetivo es más importante si cabe por la cantidad de papel que se utiliza en expedientes y documentos. Una de ellas es Justicia. La Junta de Andalucía ya ha establecido el 1 de enero de 2026 como la fecha definitiva de la eliminación de los expedientes de papel en la comunidad con la implantación total del expediente cien por cien digital (que está ya en los juzgados de Familia de toda Andalucía), al que tendrán acceso abogados, procuradores, fiscales y hasta ciudadanos, hecho este novedoso. Una digitalización que se espera como agua de mayo y que el propio TSJA reclamó en su última memoria. Y mientras llega esa fecha, se sigue necesitando papel. ¿Cuánto consumen los juzgados de Granada?

La Junta ha licitado el contrato de suministro de papel para los órganos judiciales de la provincia de Granada. Y no es poco, ya que supera los 10 millones de folios blancos tamaño A4 al año. Se trata de papel para impresora y cartón elaborado para los órganos judiciales de la provincia de Granada e implica su transporte, descarga y entrega en todas las sedes de la provincia de Granada.

El contrato dura un año y se especifica hasta el tipo de papel a utilizar. "Los licitadores deben tener en cuenta que los artículos de papel (papel blanco para fotocopiadora A4, A3) deberán ser o bien papel reciclado (mínimo 85% de fibras recicladas) o bien papel 100% de fibra virgen procedente de bosques de gestión sostenible (papel elaborado a partir de fibra virgen obtenida de madera procedente de bosques de gestión sostenible certificada y/o comercio justo con certificado de explotación forestal sostenible y de cadena de custodia tipo. También se acepta si poseen la etiqueta Ecolabel correspondiente (indica que el papel cumple con todas las normas ecológicas de la Unión Europea), ISO 14001 (papel fabricado bajo estrictas normas medioambientales), o equivalentes. El proceso de blanqueado debe ser completamente libre de cloro (PCF); con un grado de blancura mayor o igual a 80 según ISO 2470 o equivalente y un gramaje mayor o igual a 80 gr/m2.

Así, se necesita papel blanco para fotocopiadora A4 (cinco paquetes de 500 unidades por caja); papel blanco para fotocopiadora A3 blanco o color (en paquete de 500 hojas) y cartulina A3 color (paquete de 50 hojas). El contrato salió por un importe de licitación con IVA de 150.238 euros aunque el valor estimado del mismo se acerca a los 450.000 euros. Al contrato se presentaron cinco empresas: Equipos de oficina de Granada SA, Lucas Rojas SL, Dia Cash SL y Pxplayers SL, proponiendo la mesa de contratación del pasado 30 de mayo a Dia Cash SL como adjudicatario del contrato.

10,7 millones de folios blancos al año

La previsión de gasto para todo un año (12 meses de contrato) en los juzgados de Granada, según se recoge en el pliego, es de hasta 4.300 cajas de papel A4 blanco (cada caja contine cinco paquetes de 500 folios, por lo que serían 2.500 folios por caja que harían un total de 10,7 millones de folios al año). Además, 150 paquetes de 500 folios A3, lo que harían 75.000 folios al año de ese tamaño; y 90 paquetes de 50 cartulinas de color tamaño A3, lo que suma 4.500 cartulinas. El precio del total es de 124.163 euros, contando con que en el papel A4 blanco, los folios normales, se gasta la gran mayoría (121.088 euros). En los folios y cartulinas A3 el precio es de entre 1.300 y 1.600 euros.

En el contrato se fija los lugares de suministro. Son para el edificio de la Real Chancillería de Plaza Nueva tanto para el TSJA (presidencia, secretaría y salas de lo Civil, Penal, Social y Contencioso) como para la Audiencia Provincial (sección primera y segunda penal); para Plaza Nueva (los 18 juzgados de Primera Instancia y decanato) y la sede de la Audiencia Provincial en Molino de la Corteza del Carmen (presidencia y secciones civiles). También para los tres edificios del Complejo Administrativo Caleta (Registro Civil, decanato, 10 juzgados de primera instancia, los 5 de lo contencioso-administrativo, juzgados de lo social y de vigilancia penitenciaria, así como los de violencia sobre la mujer, la sección civil de la Ficalía Provincia y los dos de lo Mercantil. Otros nueve juzgados de instrucción, seis penales, la sección penal de la Fiscalía Provincia, y servicios como Scace, el Sava o el Pima. También el juzgagdo de Guardia, el Instituto de Medicina Legal o los peritos judiciales). También se licita el suministro de papel para los juzgados de menores y la fiscalía de menores; para el Instituto de Medicina Legal en el PTS o la Fiscalía Provincial y Superior de Andalucía en Gran Vía.

En la provincia, el contrato incluye el papel para los juzgados de Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Órgiva y Santa Fe.

Expediente Judicial Electrónico

En la última memoria anual del TSJA, referente al año 2024, se hace referencia a las necesidades de avances tecnológicos que se imponen para agiliar la administración de justicia. Ha habido avances pero el documento reconoce que queda aún mucho camino por andar. En concreto, durante 2024 se han impulsado proyectos enfocados en la interconexión de información judicial, la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la deslocalización del puesto de trabajo.

La implantación generalizada del EJE, no sólo a los juzgados de Familia, tiene aún muchos retos que superar, como reconoce el TSJA. Uno de ellos es la necesaria integración de diferentes sistemas de gestión procesal y aplicaciones judiciales para asegurar un intercambio fluido de información, para lo que será necesario el Nodo de Interoperabilidad de Justicia (NIJA), plataforma transversal que facilita la comunicación y seguridad entre sistemas de información y aplicaciones a nivel autonómico y nacional.

Otra necesidad es la capacitación y adaptación del personal. "La resistencia al cambio se está paliando con una formación continua tecnológica y la creación de la plataforma Moodle para el aprendizaje colaborativo y acceso multidispositivo".

La relación de los juzgados con la Fiscalía es otro asunto pendiente, ya que esta última lleva un retraso considerable. La memoria del TSJA también hace alusión a esta cuestión: "el Ministerio Fiscal comienza a integrarse de forma tímida y gradual a la justicia digital, si bien no se ha materializado plenamente la integración en el sistema Lexnet, ni el traslado de expedientes y todo tipo de comunicaciones entre los órganos judiciales y la Fiscalía, algo absolutamente imprescindible".