Profesionales judiciales ayudan a diseñar en Granada el Plan Estratégico de Justicia de Andalucía

Granada/La Consejería de Justicia de la Junta Andalucía se encuentra ultimando el diagnóstico previo al diseño del primer Plan Estratégico de Justicia de la comunidad. Para dar voz a los operadores de todos los ámbitos jurídicos, este viernes se ha celebrado en Granada un encuentro con un centenar de profesionales de Andalucía Oriental para trabajar en grupo y definir las necesidades más urgentes y proponer soluciones viables que se incorporarán al documento.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha inaugurado estas jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago. Nieto, que ha dejado claro que este Plan “no es de este consejero ni de este Gobierno, sino de todos los que trabajan en este servicio público” , ha asegurado que este trabajo se encuentra "en una fase decisiva", a la vez que ha recordado que debe ser "la guía sobre la que se desarrolle la Justicia andaluza hasta el año 2030". "Queríamos que el trabajo de análisis culminara en la capital judicial de Andalucía dando la palabra a todos los operadores jurídicos”, ha subrayado.

La Consejería ha organizado varias jornadas participativas con jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, sindicatos, abogados, procuradores, graduados sociales, psicólogos, trabajadores sociales y demás técnicos de los servicios de apoyo a la Justicia. El miércoles se celebraron en Sevilla con profesionales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y este viernes reúnen en Granada a quienes trabajan en Almería, Granada, Jaén y Málaga. "El objetivo es crear entre todos un modelo de Justicia acorde al siglo XXI, ágil y eficaz, que preste el mejor servicio a la ciudadanía y acabe con 28 años improvisando medidas para resolver los problemas que iban surgiendo", ha valorado Nieto.

Nieto ha defendido que la Justicia es “un servicio público tan importante como la sanidad, la educación o la dependencia pero que a veces se queda relegado y tiene poca visibilidad”. Uno de los principales problemas es que en la Justicia trabajan múltiples operadores que dependen de distintas administraciones. La Junta actúa como administración prestacional, responsable de garantizar los medios materiales y humanos de los órganos judiciales cuya creación depende del Estado, dirigidos por jueces nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y coordinados por los LAJ dependientes del Gobierno central. A ellos se unen los fiscales, así como abogados, procuradores, graduados sociales y demás profesionales liberales.

El consejero ha instado a los participantes a aprovechar estas jornadas para “hablar de lo de todos, no de lo de cada uno” con la vista puesta en que el fin último es mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía y que “en 2030 Andalucía cuente con una Administración de Justicia mejor que la que nos encontramos en 2022”.

Más de 2.000 millones de euros

El Plan Estratégico de Justicia requiere actuaciones en materia de infraestructuras, digitalización, personal, humanización del servicio y sostenibilidad. La inversión global prevista para actuar en esos cinco ejes va a superar los 2.000 millones en los próximos años. El primer eje es el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, presentado el año pasado, que prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en las ocho capitales - entre ellas la de Granada, que ya está en marcha tras la compra del edificio El Cubo para la primera fase- y actuaciones en el 100% de los partidos judiciales para acabar con la dispersión actual y reducir las 156 sedes actuales a 91.

El segundo es un Plan de Digitalización para pasar de la Justicia del papel a la Justicia del dato, que también ha comenzado ya con la implantación del nuevo sistema de gestión procesal @adriano en todos los juzgados y continuará con el despliegue completo del Expediente Judicial Electrónico. Como dato, en 2024 el gasto en papel superó los ocho millones.

El tercer eje es la ordenación de los recursos humanos, especialmente complejo por la multiplicidad de agentes dependientes de administraciones distintas. La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ya apuesta por flexibilizar las estructuras y evitar los compartimentos estanco, con tribunales de instancia en vez de juzgados unipersonales, servicios comunes y funcionarios no adscritos a un órgano concreto.

Por último, el quinto eje es lograr una Justicia sostenible desde el punto de vista medioambiental, reduciendo el consumo de papel y también el gasto energético que supera los 10 millones anuales, con la instalación de placas fotovoltaicas o sensores para el encendido y apagado automático de las luces en los juzgados.

Nieto ha concluido instando a los participantes a trabajar en las jornadas con visión de conjunto para “identificar los problemas más urgentes y proponer soluciones viables que permitan que todos los profesionales puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, porque eso es una garantía de que ciudadanos recibirán el mejor servicio”.

Retos futuros para mejorar

Por su parte, tanto el presidente del TSJA como la Fiscal Superior de Andalucía han agradecido a la Consejería el “importantísimo esfuerzo” por mejorar el sistema en un momento de gran transformación con la Ley de Eficiencia y su apuesta por hacer partícipes a los profesionales. En este sentido, Ana Tárrago ha defendido que “podemos ayudar porque somos los que realmente conocemos lo que funciona y las carencias. Tenemos que ser realistas y conscientes de donde partimos, por lo que invito a los participantes a trasladar no solo exigencias sino ilusión y nuestro trabajo para ayudar a mejorar el servicio a los ciudadanos”.

Por su parte, Lorenzo del Río ha subrayado la importancia de definir “dónde estamos y a dónde queremos ir” y ha reconocido que “estamos en una situación que no es la ideal, con muchos fallos y deficiencias, y queremos ir a una reforma integral”. Para el presidente del TSJA, hay retos importantes en materia de infraestructuras, tecnología y ordenación de personal. “Estamos en un año trascendental con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia que supone un cambio organizativo y es necesario que todos los que trabajamos en la Justicia pongamos empeño en remar todos en una misma dirección para que la Justicia no sea un problema para los ciudadanos sino la solución a sus conflictos”, ha concluido.