Un juzgado investiga a tres profesores de la Universidad de Granada por presunta prevaricación al asignar una plaza de docente

El juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa e investigará a tres profesores de la Universidad de Granada que participaron en una comisión de evaluación para asignar una plaza de docente.

El auto del juez acuerda incoar diligencias previas y se señala a las tres personas denunciadas como investigadas. Se las cita para declarar este mismo mes de octubre asistidas por letrado o en el caso de que no dispongan de asistencia letrada deberán comunicarlo un día antes de la declaración para que se les asigne uno de oficio.

La denuncia contra los docentes que ahora investiga el Juzgado parte de otro docente de la Universidad de Granada que ya ganó en los tribunales una demanda por el cambio de baremo en el procedimiento para asignar una plaza de profesor. En ese procedimiento participaron como miembros de la comisión de evaluación los tres profesores que ahora están citados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada.

Siete años

El docente logró que el juez le diera la razón siete años después de que comenzara el procedimiento para determinar la citada plaza. Esa sentencia está recurrida.

En junio de 2018 la UGR inició el proceso para cubrir una plaza de ayudante doctor en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias. Ante la necesidad de cubrir la plaza por en inminente inicio de las clases se convocó un segundo proceso, con carácter de interinidad, mientras se resolvía el primero. El denunciante se presentó a los dos procedimientos.

En la resolución de la plaza de interino otra persona había quedado con mejor puntuación que el demandante, que presentó recurso de alzada y ganó al Departamento. En la resolución de la plaza de ayudante doctor la otra candidata de nuevo quedó por delante.

El fallo de lo Contencioso Administrativo, que está recurrido, recoge que entre un procedimiento y otro los dos aspirantes no modificaron su currículo. Lo que sí se modificó fue el baremo. Tres miembros de la comisión ahora investigados participaron en los dos procesos.

La sentencia recogía que la comisión de evaluación "tuvo acceso a los currículos de los aspirantes antes de que se produjese la concreción del baremo, por lo que adolece de un vicio invalidante dado que no se pueden fijar las reglas de juego una vez empezada la partida".