El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario impulsada por el ministro Manuel Castells prevé cambios sustanciales en los órganos de decisión de las universidades españolas. La Universidad de Granada también tendrá, previsiblemente, que abordar cambios cuando la ley cobre firmeza y se desarrollo tanto la normativa autonómica como los cambios estatutarios necesarios.

Uno de los aspectos que modifica el anteproyecto es la dimensión de los órganos decisorios de las universidades. El texto, que ya ha pasado por Consejo de Gobierno, prevé que el claustro universitario pase a contar con 100 miembros. En el caso de la UGR actualmente son 300 los claustrales, que tienen como función aprobar y modificar los estatutos, debatir sobre política universitaria, elaborar el reglamento de funcionamiento o solicitar una moción de confianza para el rector, entre otras funciones.

La significativa reducción del número claustrales se abordará cuando la norma se apruebe, se desarrolle la ley andaluza y a su vez se cambien los estatutos. “Las universidades públicas tendrán un plazo máximo de un año a contar desde la fecha de expiración del Claustro vigente, para constituir el Claustro y el Consejo de Gobierno de acuerdo con los preceptos de la presente Ley”, especifica la norma. En el caso de la UGR el claustro se votó el pasado curso por un mandato de cuatro años. 

También se prevé reducir el número de miembros del consejo de gobierno, que en el caso de la UGR cuenta con 53 miembros. La nueva norma, cuando se apruebe, limitará el número a 50. En cuanto a otro órgano de gobernanza capital para la UGR, el Consejo Social, se modifica tanto el número de consejeros –que se reduce de 26 a un máximo de 20– y el sistema de elección del presidente, que será elegido por votación de los miembros, Actualmente, es nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En la actualidad, el cargo e presidenta del Consejo Social está representado por María Teresa Pagés y cuenta con representantes de la Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, la Universidad de Granada, las organizaciones sindicales, empresariales y de economía social, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En cuanto al consejo de gobierno –que se define como el máximo órgano de gobierno de la universidad– también verá menguado el número de miembros a un máximo de 50. En la actualidad en la UGR son 55 con voz y voto, más once que asisten con voz pero sin voto.

El anteproyecto de ley recoge la motivación que impulsa estos cambios: “En lo referente a las estructuras internas y la gobernanza de la Universidad, la Ley refuerza la autonomía universitaria. Al mismo tiempo, se adoptan medidas para asegurar una gestión eficiente y eficaz en el seno de la universidad”, alega.

El reajuste de los órganos de gobernanza será una de las tareas que propone la ley a una universidad, la de Granada, que será una de las primeras en Andalucía que estrene el nuevo modelo de elección de rector. A la UGR le toca –en el caso de que la rectora, Pilar Aranda, no adelante el proceso electoral– en mayo de 2023, ya que las últimas elecciones fueron en ese mes de 2019. En el mes de abril de 2023 le tocaría –si no hay adelanto– a la Universidad de Jaén, que sería, en ese caso, la primera en poner el marcha el modelo Castells de elección.

La nueva norma prevé –en el caso de que salga aprobada– que los rectores puedan elegirse por un órgano específico de entre 20 y 30 miembros (que debe estar previsto en los estatutos) o bien mediante un proceso electoral en el que se mantiene el voto ponderado de entre los candidatos. Podrán serlo, si la ley se aprueba tal y como está, funcionarios o funcionarias de los cuerpos docentes universitarios con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Hasta ahora era requisito ser catedrático para optar a la elección a rector.

La UGR tiene previsto valorar el documento presentado en el Consejo de Ministros. Sí se han manifestado entidades la Coordinadora de Representantes de Estudiantes (Creup), que criticó que se mantenga el voto ponderado. En junio, la Conferencia de Rectores (CRUE) defendió que los rectores sean elegidos entre catedráticos.