La licitación de la obra de 122 viviendas de VPO dentro de la nueva fase de Santa Adela ha quedado desierta. El Ayuntamiento de Granada no ha recibido ofertas para ejecutar dichas obras, que suponen una inversión de unos 12,3 millones de euros. 

Una situación que ha generado la denuncia pública de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), que acusa al Ayuntamiento de "poner en riesgo los fondos" de la segunda y tercera fase de la intervención. Un extremo que niega el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que asegura a este periódico que no hay riesgo de pérdida de fondos y que incluirán los cambios necesarios en el pliego para su nueva licitación.

El problema es la revisión de precios. Según ACP Granada, en las reuniones periódicas mantenidas con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada "se ha advertido en reiteradas ocasiones del riesgo que el Ayuntamiento corre de que las obras se queden desiertas y/o de que el contratista abandone una obramunicipal" por los siguientes motivos: "el Ayuntamiento de Granada no ha actualizado las bases deprecios con las que licita, a pesar del inmenso incremento de los precios experimentado en 2021 y 2022. Es decir, los precios de partida son precios no acordes a los del mercado; se ha negado a acogerse al Decreto de Revisión de precios del Estado (RD 3/2022), ni al DL 4/2022 (de la Junta de Andalucía), cuestión que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas constructoras; e incumple sistemáticamente la norma al pagar sus facturas en plazos medios muy superiores a los 30 días que marca la Ley; Llegando a pagar certificaciones en plazo de 150 días, cuestión insoportable financieramente porlas empresas".

Según aclara el concejal, ha existido un debate entre el Estado y las Comunidades Autónomas por la revisión de precios y si al principio se dejaba en manos de los municipios su aplicación, al final decidieron que había que acogerse. El asunto de Granada es que hasta ahora no se había quedado desierta una obra pública y cuando se publicó la licitación el tema de la revisión de precios afectaba a todo el país y los grandes operadores notaron su impacto. Se trata, la de Santa Adela, de una obra a tres años y que no aparezca la revisión de precios ha hecho que las empresas vayan sobre seguro y no concurran. De ahí que el asunto de la inclusión del decreto de la revisión de precios irá a la Junta de Gobierno Local de la semana que viene para incluirla, asegurando el concejal que "no se pone en riesgo ningún fondo europeo". 

Así, han pedido también al arquitecto encargado del proyecto que revise los precios por si hay que actualizar también alguna partida y se volverá a sacar a licitación. El Ayuntamiento contempla también pedir una prórroga a la Junta o ver cómo se sufraga cualquier partida que falte. "La disposición del Ayuntamiento es absoluta y creo que la de la Junta también. Todos padecemos la sobreabundancia de licitaciones", ha dicho el concejal.

La revisión de precios afectará ya a todos los proyectos que se saquen a licitación en Urbanismo, no solo a este. 

Lo que sí aprobará este viernes la Junta de Gobierno Local es la suspensión del pago de la aportación mensual que realizan los vecinos de Santa Adela durante los próximos tres meses.

Los constructores aseguran que "todas estas circunstancias hacen que el sector de la construcción tenga al Ayuntamiento de Granada “en cuarentena” cuando este licita alguna obra, ya que resulta prácticamente imposible construir un edificio de 122 de viviendas con esas condiciones", lamentan, asegurando que estas cuestiones se han puesto de manifiesto por ACP Granada en numerosas ocasiones a los máximos responsables municipales sin que el Ayuntamiento "haya movido una coma de sus criterios de licitación, en una actitud cuando menos reprochable". "Esta misma semana, el lunes 30 de enero, ACP Granada exponía nuevamente a la cúpula de Urbanismo un informe de la Junta consultiva de Contratación (27/2022) que obliga a los Ayuntamientos a aplicar el Decreto de revisión de precios y su carácter vinculante. Sin que en el Ayuntamiento de Granada haya hecho nada al respecto desde el pasado 2 de marzo, fecha de publicación del Decreto de revisión de precios", dicen, pidiendo "la máxima diligencia para evitar la pérdida de las partidas presupuestarias públicas que sostienen esta importante obra para Granada". Recuerdan también que las obras debían comenzar antes del 21 de marzo de 2023 (6 meses desde la resolución de la Junta de Andalucía), cuestión de imposible cumplimiento al haber quedado la obra desierta.