La larga y compleja operación urbanística gestionada por el Ayuntamiento de Granada durante más de una década en el Cerrillo de Maracena (donde se iba a construir un pabellón del hielo, un centro comercial y viviendas), y que está siendo investigada en el caso Nazarí, ha traído ahora hasta los despachos municipales  una nueva condena judicial que obliga a la ciudad a pagar un millón de euros a la Junta de Andalucía. Se trata de una de las expropiaciones de terreno acordadas y no abonadas en su momento porque el dinero que iban a pagar los promotores privados no llegó a las arcas públicas.

El Juzgado de lo Contencioso Administratrivo 1 de la ciudad ha condenado al Ayuntamiento a pagar 988.404 euros a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), una cantidad que tenía que haber abonado antes de 2011 por la expropiación de unos terrenos en el Cerrillo de Maracena. Aunque la jueza no ha aceptado en este procedimiento la inclusión de otros 266.035 euros de intereses, sí deja la puerta abierta a que la Junta lo reclame mediante otro pleito.

El gobierno municipal ha desvelado hoy que teme la inminente llegada de otra sentencia similar por la expropiación de otros terrenos en la misma zona a la Universidad de Granada. La condena total por este asunto podría superar los 2 millones de euros. 

El origen del problema se remonta al acuerdo con los promotores privados con los que el Ayuntamiento firmó un convenio para desarrollar el plan parcial T1 (Cerrillo de Maracena). Aquel acuerdo preveía el pago en metálico por parte de los empresarios (José Julián Romero, Comarex y Caja Rural) de más de 8 millones de euros, dinero con el que el Ayuntamiento pagaría esas expropiaciones a terceros. 

Pero el convenio quedó frustrado por la crisis, la deuda pendiente y en 2015 el gobierno de Torres Hurtado firmó un nuevo acuerdo muy controvertido con los mismos empresarios para que éstos afrontaran el pago en especie mediante la entrega de una parcela. Esto significaba que el municipio dejaría de ingresar dinero y tener liquidez para hacer frente a sus obligaciones contraídas en esa zona con los propietarios a los que hubo que expropiar suelos de la zona de espacios libres vinculada.

La gestión de estos acuerdos es precisamente motivo de investigación en el caso Nazarí. Recientemente la UDEF ha aportado un informe al Juzgado en el que pone de manifiesto "trato de favor" por parte del Ayuntamiento a determinados empresarios de aquella operación urbanística, sobre todo al haber aceptado un pago en especie que podría ser perjudicial para los intereses de la ciudad. Esta última sentencia por la vía de lo contencioso podría agregar datos nuevos a la investigación penal abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital. 

La reciente sentencia que ahora tiene que afrontar el Ayuntamiento de Granada refleja que la Junta de Andalucía trató de acordar con el municipio el cobro de ese justiprecio cercano al millón de euros mediante una compensación por los pagos de IBI anual que afecta a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Al parecer este expediente de compensación se llegó a iniciar en 2017 (según ha alegado el Ayuntamiento para evitar el pago de intereses de demora), pero no consta que se llegara a ejecutar, motivo por el que el contencioso de la Junta ha seguido adelante con el resultado que ahora se ha hecho público. 

Esta nueva sentencia viene a echar más leña al fuego de los pufos urbanísticos que el Ayuntamiento de Granada está afrontando a través de condenas judiciales. El actual gobierno socialista ha cuantificado hoy todos estos perjuicios de los errores de gestión pasados en 30 millones de euros, una cantidad donde aún no se incluyen las posibles indemnizaciones que ahora temen por la reciente sentencia del TSJA que ilegaliza los locales de hostelería del Pabellón Mulhacén del Zaidín.

Sí han contabilizado en esos 30 millones de euros los 900.000 euros de supuesto perjuicio por la gestión de TG7 (televisión municipal), otros 300.000 euros de los contratos 'fantasma' de Emucesa (que han calificado hoy de "financiación ilegal del PP"), 3,8 millones de euros de la venta de Casa Agreda, los 16 millones ya acordados con el promotor por el caso Penta, otro millón de las obras del aparcamiento del Triunfo y 1,5 millones del asunto de Villa Pineda, sobre el que también recayó sentencia judicial.