Tras el segundo ultimátum de intervención del ministro Montoro a la capital por sus retrasos en los pagos a proveedores hace unas semanas, ahora llegan los reproches de los empresarios que denuncian la morosidad de Granada y de otros 94 ayuntamientos de la provincia que incumplen con los plazos de pago a las entidades suministradoras de servicios. Es decir, más de la mitad de los gobiernos municipales de la provincia no están al día con sus cuentas. La Confederación Granadina De Empresarios (CGE) manifestó ayer su descontento hacia los entes locales que, por una mala gestión de sus recursos, están arrastrando impagos a sus proveedores. En concreto, la CGE contabiliza una deuda comercial de 128,6 millones de euros, con los datos de cierre de 2017.

La informalidad en los pagos se ha convertido en un mal endémico de la gestión municipal. La mayoría de los gobiernos locales se han instalado en la impuntualidad a la hora de afrontar sus deudas. Así, los empresarios critican la irresponsabilidad de muchos municipios en el cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores seis años después de la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, aseguró que son los autónomos, pymes y empresas los que "continúan pagando la deficiente gestión económica" de estos organismos.

En Granada hay 65 ayuntamientos que sí están debajo de los 30 días que marca la ley

Cuerva remarcó el "perjudicial y generalizado" retraso de ayuntamientos y mancomunidades de municipios a la hora de abonar las facturas a sus proveedores. Asimismo, el representante de los empresarios granadinos criticó que "las administraciones públicas sigan obligando a las empresas a financiarlas, sobre todo cuando esta práctica pone en peligro la propia supervivencia de pymes y autónomos, que no pueden soportar esa carga sin ver comprometida su propia situación financiera".

El presidente de la CGE sí felicitó a los ayuntamientos que sí cumplen con la legislación sobre morosidad . Según los datos del Ministerio, al cierre de 2017 había en la provincia 65 ayuntamientos y entidades locales que abonaban la deuda con sus proveedores antes de que transcurrieran los primeros 30 días de tramitación de la factura y que, por tanto, no rebasaban el periodo medio de pago legal.

Atendiendo a la estadística oficial, que establece un periodo de 'gracia' de treinta días que no se contabiliza, solamente serían 53 los ayuntamientos de provincia que sobrepasan la línea roja de los impagos, aunque en realidad son un total de 95 los que pagan por encima del margen de 60 días (30 naturales más los 30 primeros días de margen para la tramitación de la factura). Entre los peores pagadores, el plazo medio de pago oficial es de 157,70 días, y su deuda asciende a 118,9 millones de euros (un 92,4% del importe total de pagos pendientes de las entidades locales). Además, hay otros 42 ayuntamientos y mancomunidades que pagan entre 30 y 60 días (aunque en la estadística oficial se encuentran en la horquilla de entre 0 y 30 días), cuya deuda asciende a 4,86 millones .

En términos de deuda comercial, el ayuntamiento que más debe a los proveedores es el de Granada. Al cierre de 2017, la capital debía a sus proveedores casi 74,3 millones de euros y registraba un periodo medio de pago de 132,34 días. En febrero, el importe había crecido hasta los 78,27 millones de euros y el plazo de pago había empeorado, alcanzando los 144,16 días y situando al Consistorio entre los diez más endeudados de España. Motivo por el cual, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a llamar a orden a la capital hace tan sólo unas semanas para que cumpla con su plan de ajuste, pese a que en febrero había 'aflojado' la presión tras un encuentro con el alcalde.

Junto a Granada, hay otros ayuntamientos en una situación comprometida como el de Maracena (10,86 millones pendientes de pago que le han obligado a poner en marcha un plan de ajuste), Almuñécar (7,25), Motril (3,12 millones), Salobreña (2,70 millones), Santa Fe (2,31 millones), Dúrcal (1,85 millones), Guadix (1,75 millones), Loja (1,67 millones) e Iznalloz (1,60 millones).