La accidentada obra en Granada del empresario investigado en el caso de la caja B del PP

La Policía Nacional ha puesto bajo sospecha una serie de obras adjudicadas por el Gobierno español en el caso de la caja B del PP que investiga la Audiencia Nacional. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha propuesto rastrear una serie de contratos públicos que se adjudicaron al constructor Alfonso García Pozuelo, entre 2002 y 2004, para determinar la posible correlación entre esas adjudicaciones y sus donaciones al partido político que gobernaba en ese momento. Entre las contratas de esta empresa en ese periodo de tiempo está la controvertida primera intervención en el antiguo Hospital Militar de Granada para alojar allí la Escuela Superior de Arquitectura de la UGR.

El antiguo Ministerio de Vivienda licitó el 9 de abril de 2004 (pocos días después de las elecciones y justo antes del cambio de Gobierno del PP al PSOE) del contrato de obras de rehabilitación del antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe para Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, a la UTE de la que formaba parte Constructora Hispánica, S.A. Ésta era la sociedad de Alfonso García Pozuelo, condenado ya a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, Época I, tras confesar su relación con Correa y los extesoreros del PP "y de la metodología seguida para la consecución de adjudicaciones públicas".

El precio de adjudicación de aquel contrato en Granada fue de 10,4 millones de euros, que supuso una rebaja considerable respecto a los 11,9 millones de la licitación del concurso. La empresa se comprometió así a hacer la obra por un millón y medio de euros menos de lo ofrecido, por lo que su posición en el concurso era predominante. La intervención estaba financiada tanto por el Gobierno español como por la Universidad de Granada, que durante la etapa del rector Francisco González Lodeiro llevó a cabo un programa millonario de construcción de nuevas sedes y reformas.

El problema vino a los pocos años, cuando la promotora planteó la necesidad de una modificación del contrato con un aumento del 20% del importe. La intervención se quedó paralizada durante años y la situación acabó resolviéndose con la resolución del contrato en 2008. Hubo que esperar a 2011 para que el Gobierno adjudicara de nuevo la terminación de la obra a otra UTE por valor de otros 10,7 millones de euros. Esta vez la ejecución se llegó a completar en 2014 y dio lugar al traslado de una escuela universitaria que tuvo que peregrinar durante años por distintas ubicaciones hasta instalarse en su definitiva sede.

El arquitecto Víctor López Cotelo, que hizo el proyecto de esta obra en el año 2000 y siguió vinculado en su dirección, declaró a este periódico en 2013, haciendo balance de la situación, que "la primera constructora, en cuatro años (que era el plazo inicial de obras) ejecutó sólo el 30 o 40% de obra. El ritmo de trabajo era muy lento. La obra ya salió muy baja. Yo avisé de que podía ser un problema y ofrecieron (la promotora investigada en la Audiencia Nacional) una baja creo que del 20% sobre un presupuesto ya atrasado. Yo les dije que con un presupuesto tan ajustado tenían que poner a su mejor gente. Encima pusieron solo a los que podían pagar".

En definitiva, una obra de más de una década, eternizada por los retrasos y las interrupciones, con un coste que al final tuvo que elevarse para adjudicarla por segunda vez, y que ahora podría situarse en el punto de mira de uno de los casos de presunta corrupción más importantes de la historia del país, si se produce la autorización judicial para el rastreo de contratos que ha pedido la Udef respecto de varios Ministerios y ciertos organismos públicos nacionales.

La Policía Judicial ha dado este paso porque detecta "una correlación" entre las entregas de dinero en metálico realizadas por García Pozuelo, bien a través de Correa o directamente a Bárcenas, y las adjudicaciones públicas que recibió Constructora Hispánica -empresa que presidió entre 1992 y 2009- por parte de administraciones gobernadas por el PP.

Las entregas realizadas entre 2002 y 2006, reflejadas en la contabilidad de Bárcenas, son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicataria esta empresa. Según el informe desvelado por El País, habría varios apuntes de entregas económicas de García Pozuelo al PP durante 2014, en junio y en noviembre. Los pagos continuarían después de ese año.

En su última petición al juez, la Udef menciona un informe de 2014 donde analizaba la relación de obras y contratos públicos adjudicados a Assignia Infraestructuras S.A. (nueva denominación de Constructora Hispánica) entre 2002 y 2009, periodo en el que recibió 480 contratos públicos, principalmente de la Administración del Estado.