La pareja detenida el miércoles pasado por su supuesta implicación en la muerte de su vecino Alejandro, un niño de seis años cuyo cadáver apareció en la parte trasera del bloque donde vivía tras caer del tercer piso, donde residen ambos, ha sido puesta en libertad con el cargo de homicidio tras declarar a primera hora de la mañana de ayer ante la juez de Instrucción 3, que ha decretado el secreto de sumario.

A pesar de la imputación, la juez no ha adoptado ninguna medida cautelar debido a que ninguna de las partes que pudieron asistir a la declaración -la Fiscalía y la defensa- lo solicitaron. Sin embargo, Ángel Linares, el abogado de la familia que ejercerá la acusación particular, ha anunciado que una vez que el próximo martes pueda tener acceso al auto judicial, recurrirá la puesta en libertad, dado el componente de "peligrosidad" del matrimonio.

La pareja está formada por Joaquín Maya Martos, un hombre de 54 años que cuenta con antecedentes penales por robo y por tentativa de homicidio y por M. A. G., de 36 y con problemas de adicción con las drogas. Joaquín pertenece a una familia marcada por la violencia: su hermano, conocido como El Marce, mató en 1985 a dos guardias civiles en la cárcel antigua de Granada. Además, protagonizó un episodio escabroso en el centro de servicios sociales de la Zona Norte al amenazar con una pistola a las trabajadoras sociales el pasado mes de febrero, según recordaron fuentes de la Policía Local.

El abogado explicó que la hija de ambos, una niña de doce años con la que supuestamente Alejandro subió a jugar antes de los hechos, ha confesado en la Fiscalía de Menores su "coautoría", aunque considera que la menor puede ofrecer aún "mucha más información que sus padres" y aún habría que aclarar su supuesta implicación en el trágico suceso.

Y es que, aunque en su explicación ante la Fiscalía de Menores la niña pudiera admitir su implicación en la muerte del chico, la Policía no descarta que haya reconocido su participación para exculpar a sus padres.

Éstos, sin embargo, en su declaración ante la Policía, mantuvieron que no estaban en su domicilio cuando ocurrieron los hechos y que, en cualquier caso, sería su hija de 12 años, la que tendría alguna implicación con la supuesta caída que causó la muerte al menor desde la vivienda donde residen, según indicaba ayer Efe.

Ángel Linares explicó también que espera tener acceso a las diligencias policiales y a la información de la autopsia del cuerpo de Alejandro, ya que la familia planea pedir una segunda autopsia. La primera ha determinado que el menor murió a causa de la caída sufrida desde el inmueble, que le provocó un "traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral".

El resultado, que fue remitido al Juzgado de Instrucción 3, confirma que el niño "estaba vivo antes" de precipitarse al vacío, aunque aún queda por determinar si cayó por accidente o fue arrojado de forma intencionada, así como la supuesta implicación de la niña y sus padres.

La menor está en un centro de protección de la Junta de Andalucía por orden de la Fiscalía hasta que se resuelva la investigación. Dada la situación personal de sus padres y la desestructuración familiar, la niña se encontraba desde 2008 bajo la tutela de la Junta de Andalucía en un centro de régimen abierto, del que se fugó el pasado 5 de abril para volver al domicilio familiar.

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó el pasado jueves que la Junta puso la "pertinente denuncia", por lo que la Policía "la estaba intentado localizar como es habitual en estos casos".

La niña, al ser menor de 14 años, no sería imputable si finalmente se llega a determinar su responsabilidad en lo ocurrido, ya que la legislación exime de responsabilidad penal a los menores de esa edad, de modo que no pueden ser juzgados ni detenidos.

En cualquier caso, sí podría someterse a un programa de actuación previsto por la Administración autonómica, que se aplica actualmente a menores infractores de Jaén, Almería y Granada, y desarrollado por el Servicio de Prevención y Apoyo a las familias en estas provincias, han indicado fuentes de la Fiscalía de Menores.