Epílogo de una historia burocrática y judicial de 40 años sobre los terrenos del Parque García Lorca de Granada

El Ayuntamiento de Granada sigue regularizando situaciones urbanísticas que se están detectando y que llevan pendientes años e incluso décadas afectando a espacios importantes de la ciudad como el Palacio de Congresos y ahora el Parque Federico García Lorca. La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la parcelación y aceptación de la cesión de una finca integrada en el parque que todavía no estaba a nombre del Ayuntamiento desde 1985. Se trata del punto final en una larga historia burocrática y judicial que comenzó en los 80, durante el Gobierno del socialista Antonio Jara, con las negaciaciones para que la ciudad pudiera hacerse con la propiedad de los terrenos del actual parque, un proyecto que se hizo realidad pero que ha acarreado largos pleitos judiciales con los propietarios del suelo.

Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, lo que se hace ahora es el mismo procedimiento que se llevó a cabo hace unas semanas con el Palacio de Congresos. El tema en concreto del parque García Lorca surge de unas expropiaciones del año 1985. Las monjas de Regina Mundi eran las dueñas de algunas de las parcelas necesarias para su inclusión en el parque y quedaba una parte sin registrar, trámite que se ha completado ahora en el Registro de la Propiedad número 7 de Granada.

En el caso del Palacio de Congresos, fue en la pasada Junta de Gobierno Local del 4 de julio cuando se puso fin a un largo procedimiento de irregularidad registral con un vacío que también se repetía en el Parque García Lorca. Los dos casos son de la década de los 80 del siglo pasado.

El asunto de los terrenos del Parque ha sido un quebradero de cabeza para varios gobiernos municipales durante décadas. Las negociaciones de los años 80 con los propietarios no llegaron a buen puerto en todos los casos y el Ayuntamiento se hizo con los terrenos a través de una expropiación forzosa, cuyo precio quedaba muy lejos de la petición de los principales dueños, que reclamaban 11,1 millones de euros (unos 1.800 millones de pesetas de la época). La ciudad pagó un tercera parte de eso en el procedimiento forzoso.

Los hermanos Sierra Rubio se fueron a los tribunales y consiguieron una sentencia parcialmente favorable en 1995 (cuando el Parque ya había sido inaugurado, en 1993) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenó al Ayuntamiento a pagarles más de dos millones de euros más y otro millón en concepto de intereses de demora. Esta sentencia fue ratificada cuatro años después (en 1999) por el Tribunal Supremo y el problema aterrizó sobre el gobierno tripartito liderado por el PSOE de José Moratalla, que tuvo que pedir un préstamo especial para pagar parte de la deuda.

Pero el pago completo no se resolvió de una vez, de modo que el ciudad fue adeudando cantidades y los propietarios volvieron a ir a los tribunales para pedir más intereses de demora sobre los propios intereses anteriores. Hasta 2004, ya con José Torres Hurtado (PP) en el gobierno local, llegaron nuevas sentencias del TSJA condenando al municipio a pagar nuevas cantidades por esos intereses de las expropiaciones del Parque García Lorca.

Pese a todo este galimatías judicial y burocrático, Granada completó uno de sus principales proyectos de ciudad para desarrollar un parque que es un eje fundamental en la trama urbana, por su carácter de pulmón verde, en la frontera con la Circunvalación de Granada. A pesar de las condenas judiciales, las cantidades nunca alcanzaron las demandadas iniciales de los propietarios del suelo que rodeaba a la histórica Huerta de San Vicente, casa de García Lorca, que es el corazón del Parque que hoy es uno de los emblemas de la ciudad.

Otros asuntos urbanísticos

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha tratado otros asuntos urbanísticos. Finalmente no se ha podido firmar el convenio contra la ocupación ilegal con el Colegio de Abogados, pospuesto para la semana que viene por un error en el documento, que no ha podido ser aprobado en Junta de Gobierno.

Sí se ha aprobado la enajenación de la parcela municipal de Mondragones donde se harán 22 viviendas de protección, como anunció en visita a la zona la propia alcaldesa el jueves. Además, se siguen los trámites de las nuevas adjudicaciones de las dos gasolineras de Neptuno y Pulianas. La de Neptuno se ha contratado de nuevo pero la de Pualianas quedó desierta, por lo que se está a la espera de ver posible solución. Mientras, se ha aprobado la liquidación de cesión en precario a Repsol donde se encuentran ubicadas las estaciones de suministro, hasta la finalización del procedimiento de adjudicación de la concesión administrativa. La liquidación del canon es de 173.000 por la de Pulianas y de 112.000 por la de Neptuno y las garantías para el desmantelamiento rozan los 90.000 euros en cada una.

Además se ha aprobado inicialmente un estudio de detalle de la zona de la Azulejera para ordenación de volúmenes y se ha declarado desierta la venta de cuatro de las cinco parcelas que se sacaron a enajenación en el Cortijo del Conde. Solo una ha podido ser adjudicada en el intento de Urbanismo por deshacerse de este suelo.