El penúltimo intento de Tomás Olivo

Tan sólo un día antes de que el juez Miguel Ángel del Arco accediese a la petición de la Fiscalía de investigar el patrimonio de los imputados del caso Nevada en una pieza separada, los abogados de Tomás Olivo, promotor del paralizado centro comercial de Armilla, instaron de nuevo la destrucción o devolución de la documentación que el magistrado guardaba sobre sus bienes.

Los letrados presentaron en concreto un recurso contra la decisión que el juez había tomado a principios de abril de volver a prorrogar durante un mes más el secreto de la investigación patrimonial para todas las partes menos para el fiscal.

El recurso en cuestión, fechado el 14 de abril y al que ha tenido acceso ahora este periódico, constituyó así un penúltimo intento del empresario para neutralizar la investigación de su patrimonio realizada por la policía judicial e invalidada por la Audiencia, pues el próximo recurso de sus letrados va a tener previsiblemente la misma finalidad.

Y es que contra el auto dictado el día 15 por el juez Del Arco, en el que dispuso que se abriera una pieza separada para mirar con lupa los bienes de los implicados en el caso Nevada, cabía también recurso.

Volviendo al escrito presentado el 14 de abril por los letrados del promotor, en él se solicitaba exactamente que fuese revocada la segunda prórroga del secreto, que comenzó su vigencia el 1 de febrero. El secreto fue prorrogado la primera vez el 1 de marzo y la segunda el 7 de abril.

Pero no sólo eso. También se requería en el recurso que se decretase "la destrucción o, en su caso, la devolución a los imputados de la documentación en que se plasmasen las actuaciones practicadas por la Policía Judicial en orden a la investigación patrimonial de los imputados".

En sus razonamientos, los letrados de Olivo recordaban nuevamente al juez que la investigación patrimonial de los implicados en el caso Nevada había sido anulada por la Audiencia Provincial de Granada y, por tanto, carecía de validez alguna.

Junto a ello, recalcaban que "la documentación recabada, de conocerse, afectaría gravemente a la intimidad de los imputados y de terceras personas". Cabe recordar en este punto, que cuando Del Arco ordenó que se investigasen los bienes de los imputados en el caso Nevada, también incluyó a familiares directos de éstos.

A juicio de los letrados del promotor, la destrucción o devolución de la documentación es "necesaria" e "incuestionable", pues la Audiencia ya determinó el 6 de noviembre pasado que acordar y llevar a cabo en el marco de la causa del Nevada una investigación acerca del patrimonio de los imputados no era ajustado a Derecho.

"Sólo la posibilidad de que en la parte de las actuaciones decretada secreta se estén realizando investigaciones a partir de algo nulo (y que serían igualmente nulas) justifica que, ad cautelam, nos opongamos expresamente a actuaciones de ese tipo que se pudieran estar llevando a cabo al amparo del secreto de actuaciones que se prorroga con el auto que recurrimos", indicaban los letrados.

Fuentes del caso precisaron que los recursos que se interpongan ahora contra la decisión del juez de que también sean investigadas judicialmente las riquezas de los implicados en el caso Nevada acabarán siendo resueltos por la Audiencia.

La Audiencia, que en su día anuló la investigación patrimonial, habrá así de resolver finalmente qué hacer con los documentos que acumuló la brigada especializada de Policía Judicial hasta que llegó su orden de cesar en sus pesquisas.

Lo cierto es que Del Arco fue tajante en último auto: "No se nos ocurre ninguna causa por la que se deba destruir la documentación, como pedía alguna de las defensas. En principio sobre las actuaciones y documentación a que dé lugar la tramitación de los procedimientos judiciales pesa un deber de conservación y custodia que recae sobre el secretario".

El juez instructor del caso Nevada acordó en su día investigar el patrimonio de los imputados al entender que había "serios indicios de irregularidades en el proceso de aprobación de licencias y aprobación de planes" relacionados con el Parque Nevada de Armilla. Además, la prensa había dado noticias de los bienes de los imputados "con todo lujo de detalles".

Los principales imputados en la causa penal abierta por la tramitación presuntamente irregular del Nevada son, además de Tomás Olivo, dueño de la empresa promotora del mastodóntico centro comercial (General de Galerías Comerciales), el alcalde de Armilla su ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate. A Olivo se le imputa un delito contra la ordenación del territorio, mientras que a los ex ediles se les atribuye una presunta prevaricación urbanística. Entre los imputados restantes figuran también dos arquitectos, uno del Ayuntamiento y otro del Nevada. El Centro Comercial Nevada, que se halla en el pago de la Cerraca de Armilla, se encuentra paralizado de forma cautelar por orden judicial desde el 26 de abril del año pasado.