Las monjas de la congregación Franciscana de Nuestra Señora del Buen Consejo han entonado el mea culpa y, desde ayer, han renunciado a recibir víveres del Banco de Alimentos de Granada (BAG) para gestionar el comedor universitario de la residencia Madre Teresa Rodón, algo que llevaban haciendo durante los últimos siete años.

Las disculpas y la decisión tomada por la congregación fue trasladada ayer por la directora del centro al presidente del Banco de Alimentos, Antonio López-Barajas, quien se mostró satisfecho y valoró esta decisión como la opción más adecuada para evitar tomar medidas más drásticas.

Antonio López-Barajas acudió ayer al centro universitario en el que se alojan anualmente unas 50 estudiantes que pagan de media 600 euros por alojamiento y manutención, para aclarar la situación suscitada que salió a la luz a raíz de la denuncia de un ex cocinero de la residencia.

El presidente del BAG explicó que la superiora le reconoció que con la residencia ejercen una actividad de tipo lucrativo pero que la Orden también tiene otras actividades para las que "siguen necesitando ayuda" y que su funcionamiento se basa en una especie de "caja única" con la que se distribuyen los fondos para proyectos y obras benéficas que más lo necesitan.

A pesar de las argumentaciones dadas por las monjas y de que López-Barajas reconoce que la vía de recurrir al Banco de Alimentos no ha sido la más acertada, mantiene que no cree que tuvieran consciencia de que estaban cometiendo irregularidad alguna o lo hicieran con mala fe. Además, el presidente pudo ver ayer todos los menús que se sirven en la residencia y comprobó que muchos de sus componentes no se pueden conseguir en el Banco, lo que para él demuestra que las religiosas no usaban para este fin toda la comida que retiraban. Aún así, el Banco no podría haber mantenido la licencia ya que, según sus estatutos, no está permitido que las organizaciones o personas que se llevan comida de forma gratuita puedan, en cierto sentido, lucrarse con la misma.

En cualquier caso, este hecho ha motivado que el responsable del Banco refuerce los controles y exigencias que se hacen a sus beneficiarios a fin de que no se repitan este tipo de situaciones. "Aunque nosotros no somos policías y nuestro trabajo es voluntario intentaremos que esto no ocurra e intentaremos tener la seguridad de que los alimentos van donde tienen que ir porque queremos seguir manteniendo la confianza de las organizaciones y los ciudadanos que nos ayudan".

No en vano, son más de cien empresas las que vienen colaborando y suministrando alimentos al BAG que, posteriormente, son distribuidos entre 180 instituciones benéficas que acogen a un total de 14.409 personas con necesidades básicas. A los que hay que sumarles los beneficiados por los alimentos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria, alcanzando la cifra de más de 40.000 personas que se benefician de la labor de esta fundación en la provincia.

López-Barajas insistió en zanjar la polémica y enfatizar el hecho de que "se han disculpado" y en la intención de que trabajarán para que estas situaciones no se repitan.