La única persona del grupo de Whatsapp de periodistas sobre el caso Juana Rivas que fue señalada con nombre y apellidos y a la que el juez de Granada José Sola ha pedido tomar declaración, Carlos Matías, ha denunciado el "espíritu inquisidor" de esta investigación judicial porque, en su opinión, se ha producido una "flagrante violación de las comunicaciones privadas, un ataque a la libertad de expresión e información y un atentado contra el derecho y el deber de los periodistas a guardar secreto profesional en las comunicaciones con nuestras fuentes". 

El periodista pide al juez que trata de averiguar detalles de las conversaciones privadas de periodistas o a otros magistrados o fiscales que también indaguen sobre el origen de esa filtración con pantallazos enviados al juez Manuel Piñar, para que éste "pudiera arrojar algo de luz sobre quién y cómo le ha enviado estas comunicaciones privadas supuestamente violadas".  

A estas declaraciones de Matías, remitidas a esta medio a través de un comunicado, se añade la queja que el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que considera una "injerencia" en la profesión del  juez de Granada haya ordenado identificar a los miembros de un grupo de WhatsApp con el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez.

El juez que instruye la querella del magistrado Piñar contra el abogado Aránguez ordenó identificar a las 103 personas que forman parte de ese grupo de Whatsapp creado por el letrado para informar sobre los pormenores del caso Juana Rivas. Con esos pantallazos aportados por Piñar como base, el juez también pide que uno de los informadores del grupo, Carlos Matías, sea llamado a declarar como testigo en sede judicial.

En su comunicado, Matías recuerda que esos mensajes enviados por un "chat grupal y privado" están protegidos por Whatsapp mediante encriptación de extremo a extremo. Por tanto, lo que el juez Piñar aporta al caso como "prueba" es para Matías "una flagrante violación de las comunicaciones privadas". 

El periodista asegura que ha remitido su queja a la Asociación de la Prensa de Madrid y a su departamento jurídico. También se ha puesto en contacto con diputados de Granada. Una de ellas, Elvira Ramón, es portavoz de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática.  

En su queja al TSJA, el SPA recuerda que, al igual que el chat denominado 'Periodistas Aránguez Abog', existen varios más y que éstos constituyen una práctica habitual en la profesión. "Chats que, lejos de ser un medio de comunicación donde su publican noticias, constituyen un instrumento de carácter privado y confidencial donde los periodistas compartimos información entre nosotros y con nuestras fuentes, en el caso que nos ocupa un abogado", explica el sindicato en su queja.

Según el sindicato, este tipo de cauces de comunicación son utilizados también para aclarar dudas y contextualizar las informaciones.

Asimismo, ha lamentado que se haya filtrado, como parece, el contenido de parte de esas conversaciones "privadas" y ha recordado que los periodistas tienen igualmente el deber de confidencialidad y preservación de las fuentes, uno de los principios básicos de la libertad de prensa y del derecho a la información (artículo 20 de la Constitución), y también que se haya ordenado citar a declarar como testigo a uno de los periodistas participantes en el referido grupo.