El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha anunciado que elevará una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que considera una "injerencia" en la profesión después de que un juez de Granada haya ordenado identificar a los miembros de un grupo de WhatsApp con el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez.

Este sindicado ha manifestado, a través de un comunicado, su "preocupación" después de que el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada haya pedido a la Policía que le informe sobre el referido chat, dentro de las diligencias abiertas raíz de la querella del juez Manuel Piñar -que condenó por sustracción de menores a la vecina de Maracena- por supuestas injurias o calumnias de Aránguez.

"El SPA quiere manifestar su preocupación por lo que este tipo de prácticas pudieran afectar al secreto profesional y la preservación de fuentes a que estamos obligados los profesionales del periodismo y la comunicación", ha indicado el sindicado, que ha agradecido la aclaración hecha por el juez instructor, a través del TSJA, de que no se va a investigar a periodistas.

No obstante, según este colectivo, preocupa la que considera una "intromisión" en un grupo privado de profesionales de la comunicación, "cuyo único objetivo es compartir información entre ellos y con sus fuentes".

En este caso, indica el SPA, se habría utilizado "un pantallazo" como posible indicio de delito, lo que ha desencadenado la orden judicial a la Policía para que se identifique a los participantes en el referido grupo de WhatsApp, en lo que "a primera vista podría parecer una investigación prospectiva".

"Recordamos que, al igual que el chat denominado 'Periodistas Aránguez Abog', existen varios más en Granada, y que constituyen una práctica habitual en la profesión. Chats que, lejos de ser un medio de comunicación donde su publican noticias, constituyen un instrumento de carácter privado y confidencial donde los periodistas compartimos información entre nosotros y con nuestras fuentes, en el caso que nos ocupa un abogado", ha señalado.

Según el sindicato, este tipo de cauces de comunicación son utilizados también para aclarar dudas y contextualizar las informaciones.

Asimismo, ha lamentado que se haya filtrado, como parece, el contenido de parte de esas conversaciones "privadas" y ha recordado que los periodistas tienen igualmente el deber de confidencialidad y preservación de las fuentes, uno de los principios básicos de la libertad de prensa y del derecho a la información, y también que se haya ordenado citar a declarar como testigo a uno de los periodistas participantes en el referido grupo.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha puesto su gabinete jurídico a disposición de los compañeros en el caso de que a lo largo de este proceso judicial sean citados a declarar, ha anunciado que elevará una queja ante el TSJA por la que considera una "injerencia" que contribuye a "debilitar" la libertad de prensa y el derecho a la información.