Los pescadores logran liquidar una deuda millonaria y salvar su negocio

Entre 2003 y 2010, la Cofradía de Motril ha hecho frente a un 'agujero' de más de 300.000 euros para continuar su andadura de más de medio siglo · Para ello, la organización ha subastado parte de su patrimonio.

Rosa Fernández / Motril

03 de septiembre 2012 - 08:26

"A la pesca la envuelve un enmarañado misterio que hace impenetrable tanto la propia antigüedad de sus orígenes como la incertidumbre ante el resultado de su ejercicio". Esta frase, del escritor y publicista guipuzcoano Mariano Ciriquiain Gaiztarro, expresa lo poco que se sabe de los orígenes de este arte, que se adivinan ancestrales, y la realidad precaria que ha presidido siempre a esta actividad. En cuanto a la organización de la misma, según la Federación Nacional de Cofradías, los antecedentes de las cofradías de pescadores en España se remontan al siglo XI. En la actualidad existen 225, que representan a 40.000 afiliados, 9.000 de ellos propietarios de embarcaciones. En Granada, con apenas 80 kilómetros de costa, existe tan sólo una, la de Motril, con 150 asociados.

Esta organización existe como tal desde los años 50. Se trata de una corporación de derecho público sin ánimo de lucro que, como todas, tiene que presentar cuentas ante las administraciones. Poco podían sospechar sus fundadores que un día peligrara su existencia. Los pagos no perdonan. En el año 2003 la Cofradía tenía sobre sus espaldas una deuda de más de 300.000 euros. Con el cambio de directiva y la entrada de dos técnicos nuevos en dicha organización entre 2005 y 2006, se tomó la decisión de coger el toro por los cuernos y de acometer una serie de acciones que contribuirían a su saneamiento y de las que pueden tomar buena nota aquellas entidades que creen que no pueden salir de la crisis actual. Según relata Antonio Sáez, técnico de la Cofradía de Pescadores de Motril "podríamos haber optado por desaparecer, como otras instituciones, pero decidimos dar la cara, pagar y seguir adelante".

Las deudas con la Seguridad Social y la Autoridad Portuaria llegaron a asfixiar a la Cofradía, de ahí que tuviera que tomar medidas drásticas. Echó de mano de su patrimonio para superar el mal bache. De ahí que ocho casas de su titularidad salieran a subasta. De ellas, cuatro fueron suficientes para que la Seguridad Social levantara el embargo del resto. Se trataba de casas que habían sido construidas por el Instituto Social de la Marina en 1952 para pescadores y que fueron alquiladas a los mismos, porque en aquel entonces no pudieron hacerse con ellas.

Por un precio de unos 3 millones de las antiguas pesetas, se las quedaron los mismos arrendatarios. La deuda principal quedó saldada. "Ahora sólo nos queda el pago de los intereses, porque hemos llegado a un acuerdo con la Autoridad Portuaria para liquidar el resto", comenta Sáez.

La situación actual de la Cofradía de Motril es mejor que la de otras que ahora están con el agua al cuello. En concreto, la Cofradía de Pescadores de Conil ha sido embargada este año y ha tenido que vender dos barcos de su propiedad por 14.000 euros para quedarse al día. En este caso, el Ayuntamiento salió en su defensa, calificando dicho embargo como "un despropósito" en un sector que está pasando por una "caótica situación". En concreto, el concejal de Pesca de la localidad, Antonio Alba, dijo que "cuando tienen problemas económicos los bancos, el Gobierno les ayuda a solucionarlos y, en cambio, cuando los tiene una cofradía de pescadores se aplica la ley con rigor".

La de Motril tuvo que arreglar su problema ella sola. La última vivienda que se vendió para saldar deudas a sus inquilinos del Varadero fue en 2010. A la semana siguiente de producirse dicha enajenación, ya estaba el dinero ingresado en las arcas de la Seguridad Social.

Ahora tan solo quedan tres viviendas, que podrían ser la solución definitiva para sus problemas económicos. De ellas, una está deshabitada y a punto de que se caiga el techo, por lo que la Cofradía cree que puede ser un peligro para la población y para la propia sede de la organización, que se encuentra al lado. De ahí que estén estudiando que revierta su posesión, ya que tienen la titularidad de la misma. En las otras dos viviendas hay dos inquilinos, Paco y María, que no han accedido a comprar sus casas por el precio que ahora mismo está estimado, unos 30.000 euros, ya que argumentan problemas económicos. En caso de que reconsideraran dichas circunstancias, supondría una tabla de salvación para la corporación.

Sáez cree que en los dos casos podrían solicitar un crédito o bien pedir ayuda a sus respectivos hijos o hermanos para que se hicieran cargo de la deuda a cambio de la propiedad de las casas. "Entre varios, un préstamo de 150 euros al mes, puede hacerle frente cualquiera", opina.

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