Más de cinco horas de testimonios. Una sucesión de noes entre los que se incluyó la negativa de los tres enjuiciados a responder las preguntas de la acusación popular, a la que además se le rechazó la aportación como prueba de la declaración de bienes de los acusados para sostener el delito de tráfico de influencias; así como el "no" rotundo dado por los acusados a todos los hechos que se le expusieron. Una rebaja de la petición de condena -de cuatro años de cárcel a uno y medio- y el mantenimiento por parte de la Fiscalía, otra acusación particular y las defensas de la libre absolución. Y una sentencia por dictar que determine si hubo o no prevaricación para obtener la licencia de ocupación del edificio número 8 de la calle Obispo Hurtado.

Este sería el resumen de lo que fue el juicio de la primera pieza separada de la macrocausa Nazarí de Granada, por la que se investiga la presunta corrupción que se habría cometido durante la etapa del exalcalde del PP José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, durante la construcción del edificio de Obispo Hurtado donde ambos (y familiares suyos) tienen su residencia. Esta fue adquirida sobre plano en diciembre de 2012, y por cuya obra también se enjuicia, junto a ambos, al exdirector de Licencias del Ayuntamiento de Granada Emilio M. H., en una pieza judicial que al mediodía de este jueves quedó vista para sentencia.

El inicio y las cuestiones previas

Los tres acusados llegaron al juicio por una puerta lateral para evitar a la prensa y con una petición por parte de la acusación popular, que ejerce el letrado Jorge Fernández en representación del empresario Ramón Arenas, de un delito de prevaricación urbanística, o subsidiariamente de prevaricación común, así como un delito de tráfico de influencias, que elevaban a cuatro años y medio de cárcel la solicitud inicial de condena para ellos. Todo ello por la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio que da nombre a esta pieza y por el expediente sancionador por sobrepasar en 30 centímetros los vuelos del edificio.

Esta era la única acusación que permanecía durante el proceso tras la petición de absolución por parte de la Fiscalía, a la que se adhirió el Ayuntamiento de Granada en su papel de acusación particular, algo que motivó que en las cuestiones previas, el letrado Jorge Fernández tildara de "ineficacia la personación procesal ejercida por el Ayuntamiento", al haberse "adherido al escrito fiscal sin aportar pruebas ni hechos" y solicitase que se le excluyese como acusación particular.

Si bien quedó desestimado por parte del juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que enjuicia esta pieza y que también desestimó la inclusión de una nueva prueba -un documento sobre la declaración de bienes del exregidor y la exedil- a lo que también se opuso la fiscal Sara Muñoz-Cobo, al considerar que podría suponer una indefensión para las defensas, que tildaron de "vergüenza" la causa, en la que los tres acusados se mantuvieron unánimes para negar cualquier tipo de ilegalidad.

Eso sí, lo hicieron en dos ocasiones, pues antes de comenzar con las declaraciones, el magistrado hizo una ronda de preguntas previas para, según explicó, aclarar el relato de los hechos que se exponían con el fin de "saber dónde estamos porque si no, nos pasa como a los malos toreros, que estamos dando vueltas sin saber cómo torear". Y por seguir con el símil taurino, una vez llegó la hora de que los tres acusados saltaran al ruedo acabaron dando una espantada y no entraron en faena respecto a la ronda que correspondía a la acusación popular.

Las declaraciones

Durante las intervenciones, Torres Hurtado, Isabel Nieto y Emilio M. H. se acogieron a su derecho de no responder a las preguntas de la representación ejercida por Ramón Arenas, algo que en un principio también generó cierta polémica en la Sala Antonio Angulo de los Juzgados de Caleta, donde se estaba celebrando el juicio. Y es que cuando Isabel Nieto manifestó esta postura, el juez Piñar indicó en un primer momento que, pese a ello, la acusación popular leyera sus preguntas que quedarían grabadas en el juicio aunque no se contestasen, a lo que se opusieron las defensas y la propia exconcejala, que en ese caso se vería obligada a responder porque si no le produciría indefensión, algo que incluso confirmó la posibilidad de que se concurriera en indefensión.

Sin preguntas por parte de la acusación popular, los tres acusados se limitaron a responder a las defensas, ya que el Ministerio Público y el Ayuntamiento declinaron intervenir. 

Torres Hurtado declaró que "no intervine en ninguno de los expedientes. (...) Siempre tuve delegadas las competencias". Además, Torres Hurtado aseguró que el constructor de la vivienda era su hermano y que "tenía confianza en él. Durante todo el proceso de la obra no la visité nunca", así como aseguró que "en ningún momento he influido sobre mis compañeros".

Los mismos argumentos que los esbozados por la exedil, entre los que también se encontró la negación de haber presionado a los técnicos municipales para dar celeridad a los informes que les fueran favorables para obtener la licencia de ocupación del inmueble antes de que se celebraran los comicios de 2015 en los que, como insinuó la acusación de Ramón Arenas, podrían haberse paralizado de no haberse tramitado si el PP no hubiera ganado esas elecciones.

Así, Isabel Nieto aseguró que cuando se tramitó la licencia de obras del inmueble, en 2010, "ninguno de los dos [en referencia a Torres Hurtado] teníamos idea de comprar. (...) No intervine en el expediente de licencia de primera ocupación ni en el sancionador. No tenía competencias delegadas". Además, la exconcejala de Urbanismo también aseguró que el exregidor "no tuvo ninguna intervención en la licencia de obras porque no tenía competencias".

Por su parte, el exdirector municipal de Licencias y también acusado Emilio M. H. explicó ante el juez que "inicié el expediente sancionador", porque las alturas de los techos, así como los elementos volados del inmueble, no respetaban lo que se establecía en el PGOU, y que "era un expediente más", mientras que respecto a la licencia de primera ocupación, "no dicté nada ni intervine en la resolución". "Como director firmaba documentaciones", dijo, siendo esto lo único a lo que se habría limitado. Precisamente, esta cuestión sobre los techos y los volados se había resuelto, a tenor de ese expediente sancionador, en la vía administrativa con una multa de 900 euros.

Durante la mañana, de forma rápida y tratando de evitar cualquier tipo de dilatación en cuestiones que no fueran estrictamente sobre lo que se enjuiciaba, se sucedieron también las declaraciones de los testigos aportados por acusación y defensa -todos ellos técnicos municipales que coincidieron en que no hubo presiones, ni tratos de favor para la elaboración de los informes, mientras que la técnico encargada de redactar la propuesta de licencia de primera ocupación, manifestó, respecto a los vuelos, que el plan especial de la zona permite una "interpretación", para guardar la estética entre todos los edificios de la manzana-, así como de dos agentes de la UDEF de la Policía Nacional y de los peritos de la Junta de Andalucía que se encargaron de elaborar los informes.

Las conclusiones

La Fiscalía y el Ayuntamiento mantuvieron su petición de absolución, mientras que se introdujo una rebaja de la petición de pena por parte de la acusación ejercida por Ramón Arenas. Así, el letrado Jorge Fernández decidió retirar el delito de prevaricación urbanística atribuido de forma inicial, quedando así el subsidiario de prevaricación común, por el que solicitaba para los acusados 12 años de inhabilitación. También mantuvo el delito de tráfico de influencias, por el que se pide un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación, siendo de este modo la pena total solicitada de un año y medio de cárcel y 20 de inhabilitación.

Pese a ello, la acusación popular planteó como alternativa al tráfico de influencias un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público -por el hecho de que se hubiera "utilizado" al hermano de Torres Hurtado, constructor, para así aprovecharse de "ventajas económicas y patrimoniales", por el que se pide tres años de inhabilitación y una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios, que ascendería a 3.600 euros.

Tras pedir la libre absolución de sus representados, los letrados Pablo Luna, en representación de Torres Hurtado, y Ernesto Osuna como abogado de Nieto y Emilio M. H., consideraron que este proceso se habría llevado a cabo por una "venganza personal" del empresario Ramón Arenas. Por este motivo se debía de exigir al mismo el pago de las costas del proceso por su "mala fe y temeridad", según declaró Osuna, al haber formulado cargos como acusación popular y continuar con el proceso cuando tanto el Ministerio Público como el Ayuntamiento habían pedido la absolución. En este sentido, también denunciaron la "persecución" de sus representados a los que, según Osuna, incluso se les hizo un seguimiento como a miembros de "ETA o narcotráfico".

El caso, tras más de cinco horas de declaraciones y cinco años de instrucción judicial, queda visto para sentencia.