En el arranque del primer juicio del caso Nazarí, la pieza separada en la que se investigan las supuestas irregularidades en la construcción y concesión de licencias de un edificio de viviendas construido por el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, todos los acusados han negado su participación en los trámites relativos a esa promoción inmobiliaria que gestionaba el hermano del exregidor. Precisamente por estos hechos las defensas de la exconcejala y el exalcalde han pedido, entre otras cuestiones, la retirada de los delitos de prevaricación urbanística, así como la alternativa de prevaricación común, por entender que no han podido incurrir en dicho delito al no firmar ninguna resolución que sea prevaricadora.

"No interviene en nada", ha declarado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado. La exconcejal Isabel Nieto ha dicho que no admite que los hechos relatados sean así, que es titular de la promoción inmobiliaria en Obispo Hurtado, pero no en el porcentaje que se expone y que "cuando compramos ya tenía licencia". 

Además, la exedil de Urbanismo ha asegurado que no intervino "en el expediente de licencia de primera ocupación, ni en el sancionador. No tenía competencias delegadas".

Por su parte, el técnico municipal Emilio M.H., negó haber emitido ningún informe relativo a las licencias: "Yo no hice ningún informe. Mi único informe es el inicio del expediente disciplinario, pero en relación con las licencias no hay ningún informe mío". Además, los tres han negado su participación en la licencia de ocupación.

Estas declaraciones se han realizado antes de que cada uno de los tres acusados se subiera al estrado para responder a las preguntas de las partes (aunque solo de algunas, pues Torres Hurtado y Nieto se han negado a responder a las de la acusación), con el fin de “saber dónde estamos, porque si no nos pasa como a los malos toreros, que estamos dando vueltas sin saber cómo torear”, como ha referido el magistrado Manuel Piñar.

Asimismo, durante las cuestiones previas, las defensas han aportado documentación contra la credibilidad de dos testigos de la acusación, en concreto, una contra un técnico de Urbanismo, Manuel N., en la que las defensas alegan que existe una enemistad con los acusados ya que éste tiene en vigor una querella interpuesta por ambos, de la que, según ha asegurado durante su declaración como testigo, ha pedido el sobreseimiento.

Tras la declaración de los tres acusados, así como de los testigos y peritos, las defensas han pedido la libre absolución de los acusados. Por su parte, la acusación popular ha modificado sus conclusiones y ha retirado de las mismas el delito de prevaricación urbanística, manteniendo en su caso el de prevaricación común.

Asimismo, introduce una alternativa al delito de tráfico de influencias, apreciando un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, por lo que se pide un año de prisión para los acusados, 12 meses de multa a razón de 10 euros diarios, y tres años de inhabilitación especial de empleo y cargo público durante tres años.