La empresa de vivienda de la Diputación, Visogsa, ha entregado los pisos del edificio La Madraza, que ha rehabilitado junto a la Junta de Andalucía para destinarlos a vivienda social para 31 familias con bajos recursos de Granada. Pero lejos de ser una auténtica ayuda social, los pisos son un problema y los usuarios no pueden asumir su entrega al tener más condiciones de mercado que sociales.

Así se ha denunciado hoy en comisión municipal de Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, donde la concejal de Unidas Podemos Elisa Cabrerizo ha denunciado que los pisos, en la calle Julio Moreno Dávila en la zona Norte de la capital, están pidiendo como si fuese una empresa privada en lugar que como institución ya que las familias adjudicatarias tienen que dar el alta de la luz y el agua y pagar una fianza, lo que "no protege demasiado" a los que menos recursos tienen. Ante esto, Cabrerizo ha pedido al área de Servicios Sociales que mantenga una reunión con Visogsa para intentar que no se paguen las fianzas y que los suministros de los pisos vengan dados.

Exclusión residencial por no poder pagar 

Desde el área se ha contestado que ya está la reunión con Visogsa para ver la situación de esos 31 usuarios de las viviendas y se reconoce que "son más condiciones de mercado" que de ayuda social. El área técnica municipal aclara que se están pidiendo tres meses de fianza y se está estudiando cómo negociar los dos meses que se piden de más respecto a lo legal, si aplazar el pago, financiarlo o qué recurso utilizar "para que no haya exclusión residencial por no poder pagarlo".

La rehabilitación de este edificio ha permitido recuperar un inmueble que estaba abandonado y destrozado además de okupado ilegalmente durante años. Se trata de un edificio de 31 viviendas de entre 42 y 46 metros cuadrados, 24 cocheras y dos trasteros con espacios comunitarios y zonas libres en la calle Julio Moreno Dávila, de Granada.