El Ayuntamiento de Granada está sujeto a un Plan de Ajuste que le condiciona la economía diaria desde 2017. En aquel año, la elevada deuda del Consistorio lo tuvo al borde de la intervención por parte del Gobierno, que ordenó el cumplimiento de este plan para no intervenir y que la capital pudiera seguir teniendo 'autonomía' en su gestión económica, aunque con limitaciones importantes como no poder pedir préstamos, no endeudarse, amortizar personal y reducir gastos. 

Ese plan, que en estos años ha ido modificándose para añadir nuevas medidas y ajustarse a ciertas flexibilidades, está vigente hasta este 2023. A final de año, el Gobierno (Ministerio de Hacienda) evaluará de nuevo las cuentas y las cifras económicas del Ayuntamiento de Granada y dirá si puede salir "limpio" del plan o si sigue teniendo que cumplir ciertas medidas. Es el Gobierno el que te mete en el plan y el que te saca si cumples.

"A final de año se hará una valoración por parte del ministerio de un plan en el que nos metieron por la mala gestión del PP", ha explicado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, que insiste en que se está trabajando para salir del plan. De hecho, el PP aprobó un plan de ajuste ya en 2012 (en tiempos de Torres Hurtado) que no se cumplió y de ahí las amenazas de intervención. A la llegada de Paco Cuenca (PSOE) tras la salida del PP del Gobierno por la operación Nazarí, se aprobó otro plan de ajuste en 2017 para reducir lo 90 millones de números rojos que abocaban al Ayuntamiento a la quiebra y que es el que está vigente ahora, con modificaciones realizadas en estos últimos años, la última en 2022.

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada llevan varios meses diciendo en todas las comparecencias que pueden que el objetivo es poder abandonar ya este plan en 2023 cumpliendo los indicadores, para lo que están haciendo los deberes con medidas de ahorro, aunque el interventor municipal advirtiera en su último informe que había medidas que no servían porque no generaban el ahorro esperado.

El Plan de Ajuste tiene tres obligaciones principales: el pago de nóminas, el pago a proveedores y el pago de las deudas financieras. Y se cumplen las tres. También obliga a reducir el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), es decir, el tiempo que tardas en pagar las facturas. Y es aquí donde está el principal problema de Granada. 

Aunque es cierto que se han reducido los días y que hay tendencias de bajada aunque también repuntes, llegar a bajar a los 30 días que establece la ley es tarea que se presupone difícil, de ahí que todavía en Hacienda vean difícil que se llegue a final de año en esa cifra y se pueda "salir limpio" del plan. Por eso auguran que se tendrán que seguir tomando ciertas medidas impuestas por el Gobierno una vez que realice su informe a final de año, aunque esperan que se alivie principalmente la posibilidad de pedir préstamos y aumentar el gasto.

Antes, queda todo este 2023 para seguir mejorando los indicadores. El último dato del PMP del Ayuntamiento de Granada publicado, el de noviembre de 2022, era de 97,02 días. En septiembre fue la cifra más baja, con 72 días, pero desde entonces ha ido subiendo, por lo que ahí es donde hay que volcar todos los esfuerzos para poder salir del plan de ajuste. No obstante, están legos también de los casi 150 días que se tardaba cuando se aprobó el plan de ajuste y que pusieron sobre el Ayuntamiento la amenaza de la intervención.

Este precisamente es uno de los puntos recogidos en el informe del interventor presentado a pleno sobre el último trimestre del año. El interventor analizaba el cumplimiento de las medidas del plan tanto en el capítulo de gastos como en el de ingresos y hacía una evaluación general del mismo y del cumplimiento de sus principales parámetros. Y todavía hay dos en los que el Ayuntamiento incumple: el Periodo Medio de Pago (que sigue estando por encima de lo establecido) y en remanente de tesorería. Sí cumple en los parámetros de estabilidad y endeudamiento y el ahorro neto después de aplicar remante de tesorería es positivo.

Para este año, además, alude a las nuevas ordenanzas fiscales de 2023, que incluyen una bajada del IBI, del ICIO o de la tasa de actividad económica, una reducción impositiva sin precedentes en la capital. "Al suponer estas modificaciones, de acuerdo con los informes económicos emitidos, una disminución de los ingresos del Ayuntamiento de Granada para 2023 por importe estimado de 1.359.030 euros para el IBI, 14.056 para la tasa de licencia de obra y 700.000 para la eliminación de la cuota tributaria en materia de actividades, lo que hace un total de 2.073.086 euros para el ejercicio 2023 y estando sujeto el Ayuntamiento a un plan de ajuste cuyo incumplimiento da lugar a graves medidas de corrección por parte del Ministerio de Hacienda, la aprobación de "este expediente debería acompañarse de una propuesta expresa de disminución de gasto para el ejercicio 2023 o, en su caso, aumento de otros ingresos por el importe de estas disminuciones. De otro modo se pondrá en riesgo la economía municipal y el cumplimiento de los objetivos del plan de ajuste". 

También habla de que es "necesario y urgente reconducir el tema de las horas extraordinarias a fin de no poner en peligro la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Granada" porque se abusa de este concepto.