Podemos pide paralizar la licitación de la obra en la Avenida Cervantes de Granada al tribunal de contratos públicos

La agrupación política Podemos Granada ha solicitado este viernes al Tribunal de Contratos Públicos de Granada a través de un recurso que paralice la licitación de la obra de reforma de la Avenida Cervantes de la capital nazarí, que fue sacada a licitación a finales del mes de julio por el Ayuntamiento con un presupuesto base de 3,4 millones de euros, a consecuencia del malestar vecinal existente con el proyecto.

Estas obras, en palabras del portavoz municipal de Podemos, Salvador Soler, "van a atentar contra una buena masa de arbolado consolidado y contra el vial de servicio que beneficia al pequeño y mediano comercio de la zona".

Podemos ha exigido la paralización inmediata de la licitación y una revisión en profundidad del proyecto, de sus condiciones técnicas y de sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente urbano. Lo hace, además de por las graves irregularidades legales que, según han alegado, se observan, porque “lo que ha firmado el gobierno municipal” se ha hecho sin consenso con los vecinos y comerciantes del barrio.

El recurso alerta de graves irregularidades legales, sanitarias y ambientales en el procedimiento licitador, entre las que, la formación morada destaca la tala masiva de arbolado urbano sin evaluación ambiental ni sanitaria. La tala “indiscriminada” de arbolado, según Soler, se hace “a pesar de encontrarse en una ciudad entre las de más contaminación atmosférica de España,” con fuerte impacto en enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Para Podemos, el proyecto carece de de un estudio de impacto en la salud pública, afectando directamente a zonas residenciales, colegios y colectivos vulnerables, además carece de un plan de manipulación de amianto, lo que contraviene el Real Decreto 396/2006 de prevención de riesgos laborales, cuya ocultación puede tener, en opinión del portavoz, que además es jurista, “consecuencias penales”.

El recurso invoca derechos fundamentales como el derecho a la salud (art. 43 CE), el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE) y el derecho a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Cita además jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que avala la nulidad de procedimientos administrativos cuando se omite la participación ciudadana o se infringen principios de precaución ambiental.

Ahondando en la crítica expresada en el recurso, Salvador Soler afirma que ha habido una “ausencia total de participación ciudadana”, incumpliendo el Convenio de Aarhus y diversas normativas nacionales. Además, el informe técnico elaborado por él Ayuntamiento sobre la tala de árboles ha sido calificado por la organización como “manifiestamente insuficiente y carente de rigor técnico”, contraviniendo la legislación sobre contratación pública y medio ambiente. Por otro lado se hace hincapié en la exclusión injustificada de licitadores, al “imponer requisitos técnicos desproporcionados” que vulneran la libre concurrencia.

Por todo ello, Podemos Granada ha solicitado la suspensión cautelar del procedimiento, para “evitar un perjuicio irreparable: la exposición de la población al amianto, la pérdida irreversible del arbolado urbano, y la agravación de la contaminación atmosférica en una ciudad ya catalogada como una de las más contaminadas del país.”