Una víctima de violencia de género de Granada clasificada en el nivel 1, el de mayor riesgo, ha solicitado mayores medidas de protección después de que su expareja, un subinspector de la Policía Local, haya incumplido en tres ocasiones las medidas de alejamiento dictadas por un juzgado.

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 2 de Granada ha acordado abrir diligencias penales contra este agente de la Policía Local denunciado por su expareja, con la que está en trámites de divorcio, tras quebrantar por tercera vez las medidas de protección dictadas por un juzgado.

Lo ha hecho tras el juicio rápido celebrado este viernes para analizar la tercera de las denuncias formalizada por la víctima y en el que el denunciado se ha declarado inocente.

Fue este mismo juzgado de Violencia Sobre la Mujer el que, en un auto dictado el pasado 20 de septiembre al que ha tenido acceso Efe, acordó ampliar a 500 metros la distancia de alejamiento acordada en julio de este mismo año contra el policía y controlar esa medida con una pulsera con GPS.

La víctima interpuso una denuncia contra su expareja por malos trato en julio de este año, lo que motivó las medidas de protección que el procesado se saltó ese mismo mes y también en agosto.

La denunciante, a la que representa el letrado Mariano Vargas, ha pedido ampliar las medidas de protección después de que el centro Cometa encargado de controlar la posición de su expareja con la pulsera le comunicase el 23 de septiembre que el agresor se había quitado la pulsera.

Unas horas después le comunicaron que el sistema de control de su expareja se había quedado sin batería, dos nuevas incidencias por las que ha reclamado más medidas de protección y que estas se acuerden también para sus dos hijas, una de ellas menor de edad.

Pese a que el informe de valoración del riesgo es 1, el nivel más alto de la escala, el juzgado especializado no ha acordado este viernes nuevas medidas de protección, que podrán verse en el juicio penal contra el procesado.

Por otro lado, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Granada, la Policía Local ha seguido el protocolo establecido en caso de denuncias que incluye, entre las medidas cautelares, abrir un expediente informativo al agente y retirarle los privilegios, entre los que se incluye disponer de su arma.